Ciudad de México, 10 de febrero de 2026. – Los diputados Brenda Ruiz Aguilar y Paulo Emilio García González lograron la aprobación de un punto de acuerdo para frenar el turismo legislativo y el entreguismo de legisladores que abandonan sus responsabilidades para asistir a eventos de ultraderecha.

El punto de acuerdo se reglamentará para el futuro, estableciendo candados que impedirán usar la investidura del Congreso para validar agendas extremistas.

El 4 y 5 de febrero, Raúl Torres (PAN) y Tania Larios (PRI) faltaron a la Primera Sesión del Pleno para viajar a Washington y asistir al foro “Narco-Terrorism” en la CPAC, cumbre de ultraderecha donde participan Tom Homan, exdirector de ICE y artífice de políticas de separación familiar, y Ashley Moody, promotora de expulsiones aceleradas de migrantes.

“Es una vergüenza que vayan a convalidar a quienes aterrorizan a los migrantes con redadas, abusos y expulsiones. ¿No pudieron hablar por ningún migrante, incluso los que han muerto bajo detención?”, cuestionó la diputada Brenda Ruiz.

“Traen la narrativa de llamarnos narcogobierno pero se tomaron una joya de foto con Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien tiene no uno, sino dos procesos de delincuencia organizada”, exhibió el diputado Paulo García.

El exgobernador de Tamaulipas, con órdenes de aprehensión que mantiene congeladas por su control del sistema judicial estatal, estuvo en primera fila del evento supuestamente “contra el narco-terrorismo”.

Morena señaló que presentarse como “Diputado del Congreso de la Ciudad de México” en eventos que promueven discursos de odio y xenofobia viola el Código de Ética del Congreso.

Si los diputados viajaron a título personal sin presentar informe oficial, faltaron injustificadamente en horario laboral y debe aplicarse el descuento de dieta correspondiente.

PRIMERO: La Junta de Coordinación Política emitirá lineamientos que prohíban usar la investidura legislativa en eventos que promuevan discursos de odio, discriminación o xenofobia.

SEGUNDO: Se solicitará al PAN y PRI un informe de actividades y vínculos con organizaciones que promueven discursos de odio contra la comunidad latina y mexicana del 1 de septiembre de 2024 al 9 de febrero de 2026. “Esto es para que no vayan a foros extremistas usando la representación del pueblo de la ciudad y de este Congreso”, explicó Paulo García.