Denuncian a funcionaria de la CDMX por acoso y abuso de autoridad
Diana Cristal González Obregón pidió una reunión urgente con el presidente del TSJ, Rafael Guerra Álvarez y el encargado de la fiscalía capitalina, Ulises Lara López.

Por convicción, la Universidad Nacional Autónoma de México promueve medidas enfocadas al ejercicio racional, eficiente y transparente de su presupuesto, reiterando su permanente disposición de rendir cuentas a la sociedad mexicana en el ejercicio responsable de los recursos públicos que se le confían, en favor de la educación de las y los jóvenes mexicanos.
Con este compromiso el rector Leonardo Lomelí Vanegas puso en marcha el Programa de Racionalidad Presupuestaria 2025 que, a partir del 1 de enero del año en curso, es de aplicación obligatoria para todas las entidades y dependencias universitarias.
Es consecuente con las medidas de austeridad promovidas por el gobierno de México y está basado en la política institucional de transparencia y rendición de cuentas que la Universidad ha llevado a cabo desde hace más de dos décadas.
Al respecto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, manifestó: “La UNAM hizo un programa de austeridad que me parece muy bien”.
El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, felicitó al rector Leonardo Lomelí Vanegas por la implementación de este Programa, y le externó que esta experiencia la compartirá próximamente con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, como ejemplo de cómo ejercer los recursos públicos con mayor eficacia y honestidad.
Acciones concretas
Algunas de las medidas ordenadas en el Programa son: No se autorizará la creación de plazas laborales, con excepción de las estrictamente necesarias para nuevos proyectos académicos y proyectos estratégicos.
Las remodelaciones o rehabilitaciones únicamente serán autorizadas en aulas, laboratorios, talleres y espacios donde se realicen actividades académicas y de investigación, especialmente aquellas enfocadas en aumentar la matrícula estudiantil y solo se autorizará la compra de mobiliario y equipo para las obras en proceso.
Asimismo, los funcionarios universitarios, particularmente los adscritos a la Rectoría, no recibirán incremento en sus percepciones salariales; se hará una revisión de la estructura tabular para adecuarla a las disposiciones legales vigentes en materia federal; y los viajes al extranjero y al interior del país serán disminuidos al mínimo necesario y se impulsará el uso de formatos digitales de participación. De igual forma, se reducen en 30 por ciento las partidas presupuestales de viáticos para el personal; pasajes aéreos, así como gastos por reuniones de trabajo y combustibles; y se prohíbe la contratación de nuevas líneas de telefonía, con excepción de las destinadas a entidades o dependencias de nueva creación o proyectos prioritarios.
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