TEXTUAL-es

J. Adalberto Villasana

México en riesgo

Se requiere un análisis de fondo para arreglar las reformas hechas al vapor que ponen en riesgo la competitividad de México. Morena usó su mayoría simple para imponer una visión unilateral y pasó cuatro reformas precipitadas que afectarían el desarrollo de la nación. Además hay un avance en la militarización del país, porque las fuerzas armadas tendrán injerencia en salud y hasta en ciencia y tecnología.

Incluso los legisladores de Morena en la Cámara de Diputados aprobaron nueve reformas legislativas que no fueron leídas, mucho menos discutidas. Lo mismo hicieron en el Senado en unas horas.

“El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) analizó los cambios aprobados en cuatro de ellas, así como las posibles implicaciones en la competitividad. Estas son: La nueva Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, la reforma a la Ley General de Salud para eliminar al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para reconcentrar las compras públicas en la Secretaría de la Función Pública (SFP), y la reforma a la Ley Minera”.

Fue más que público que la aprobación de las reformas fue expedita y atropellada, carecieron de suficiente análisis y discusión, lo que genera incertidumbre en las reglas del juego del proceso legislativo.

El uso de la urgencia como “justificación” provoca opacidad en la toma de decisiones.

La nueva Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (HCTI) podría tener implicaciones para el avance y desarrollo de las comunidades académicas y la innovación de México, porque con la creación de nuevos organismos podría resultar en una mayor centralización de la toma de decisiones. Además, las secretarías de Defensa Nacional y de Marina se incorporan a la Junta de Gobierno de este Conahcyt, manteniendo la tendencia de incorporar a las Fuerzas Armadas en funciones civiles.

Por otra parte, está la aprobación de la reforma a la Ley General de Salud para eliminar al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que, desde su creación tuvo críticas por su inoperancia. Durante estos tres años (2020-2022), se ejercieron 372 mil 280 millones de pesos destinados a atender una población objetivo de 66.2 millones de personas. Desde agosto de 2022, el IMSS-Bienestar opera como un órgano público descentralizado con operación en 11 estados.

Le otorga al IMSS-Bienestar la atribución de participar en los procesos de contratación consolidada de servicios de salud y medicamentos. Esta decisión puede implicar que se repitan los errores en el proceso de adquisición y distribución de medicamentos.

La determinación de la lista de medicamentos e insumos esenciales de todas las instituciones públicas de salud estará a cargo, además de la Secretaría de Salud, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, entre otras.

Textualmente hay que decirlo: Se aprobaron leyes que impulsan la militarización del país, además de poner en riesgo el desarrollo tecnológico y de innovación, la provisión de salud pública, la imparcialidad de las compras públicas y la inversión minera en México.

Sígueme en Twitter: @TXTUALes