5 julio, 2026•By Adalberto Villasana Miranda
Laura Itzel Castillo destaca la importancia de una consulta de esta legislación en más de 16 mil comunidades originarias.
Ciudad de México, a 1 de julio. – El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) presentó en el Senado de la República el Informe sobre el proceso de consulta para enriquecer la propuesta para expedir la nueva Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, proyecto que se estima presentar en el Congreso de la Unión el próximo 12 de octubre, en el marco del Día de la Nación Pluricultural.
La presentación del documento se llevó a cabo durante una reunión con la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que preside la senadora Edith López Hernández.
A ese encuentro asistió la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, quien destacó la importancia de lograr una consulta amplia sobre esta legislación en las más de 16 mil comunidades originarias
López Hernández, en tanto, mencionó que con el anuncio de la consulta inició formalmente una nueva etapa para la implementación de la reforma constitucional en materia de derechos de dichas comunidades.
A partir de ese momento, apuntó la legisladora de Morena, empezó un amplio proceso de diálogo que ha acompañado la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, con la intención de recoger las opiniones, propuestas y planteamientos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Entre otras acciones, la senadora se refirió al convenio de coordinación entre el INPI y la Comisión del Senado, en diciembre de 2024, en el que se establecieron las bases para implementar la reforma constitucional, desarrollar un trabajo conjunto entre ambas instituciones y acompañar la consulta previa e informada.
Además, destacó los trabajos del Comité Técnico Asesor como el espacio encargado de dar seguimiento y fortalecer la elaboración de la propuesta, el cual ha tenido ocho reuniones entre diciembre de 2024 y junio de 2026.
Como resultado de dicho trabajo, informó, se integró la propuesta de iniciativa de ley, que será sometida a consulta previa, libre e informada antes de su presentación en el Congreso de la Unión.
En ese sentido, la senadora Edith López Hernández, dijo que el papel de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos durante el proceso de consulta será difundir, vincular, acompañar y participar.
Por su parte, la coordinadora general de Planeación, Investigación y Evaluación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Sagrario Zamora Jiménez, dijo que el objetivo de la consulta es recibir opiniones, sugerencias y planteamientos sobre la propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
Explicó que los titulares de la consulta son los 69 pueblos indígenas, un pueblo afromexicano, y 16 mil 728 comunidades registradas en el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (CANAPIA), así como todas aquellas comunidades que cumplan con los elementos básicos, las cuales no necesariamente deberán estar integradas en el catálogo nacional.
La consulta se realizará a través de sus autoridades e instituciones representativas, de manera especial a las mujeres autoridades o representantes, señaló.
Las instancias que participan en este proceso son el Comité Técnico Interinstitucional, conformado por 21 dependencias; el Órgano Técnico y el Comité Técnico Asesor; el Congreso de la Unión, a través de las Comisiones de Pueblos Indígenas y Afromexicanos; así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como observadora.
También participa la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y organismos protectores de derechos humanos de las entidades federativas, así como observadores que se acrediten, entre otros.
Señaló que las etapas de la consulta se conforman por Actos y Acuerdos Previos (ya realizado), para dar paso a la Etapa Informativa del 1 de julio al 6 de agosto; la Etapa Deliberativa, donde cada comunidad establecerá cómo harán llegar sus opiniones. Seguirá la Etapa de Propuestas, Recomendaciones y Conclusiones del 7 de agosto al 13 de septiembre, con 82 asambleas regionales; para proseguir con la Etapa de Implementación y Seguimiento, donde las instancias correspondientes conjuntarán las opiniones y recomendaciones.
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