Yo Campesino

¡A la yugular!

Gobierno y empresarios se “prometen” acuerdos que no cumplen y el país sufre

Miguel A. Rocha Valencia

Con la 4T escuchamos con mayor frecuencia que con los de “antes” promesas de apertura de proyectos de inversión y, con esa misma temporalidad, los dueños del dinero ofrecen poner en juego cientos de miles de millones, ya no de pesos, sino de dólares. Ambos dicen que lo harán por el bien de los mexicanos.

Pero la verdad es que ninguno cumple y los habitantes de este país seguimos esperando los cambios y las promesas de un país mejor, mientras contemplamos cómo la destrucción de instituciones por decisión ejecutiva, la colonización y desaparición de organismos autónomos y la corrupción avanzan, ya no paso a paso, sino de manera acelerada. Lo vemos todos los días.

Incluso en materia de seguridad, que sería la joya de la corona de la 4T, se acrecientan las sospechas de un perverso manejo de las cifras. Se dan a conocer capturas de los más importantes capos del crimen organizado, pero las matanzas continúan, como ocurre en Sinaloa, donde a los asesinatos se suman los desaparecidos, el cobro de piso, las extorsiones y, en suma, la corrupción.

Y es precisamente esa entidad el reflejo de lo que sucede en todo el país. Por eso nos preguntamos: si tienen nombres y domicilios de los criminales, a quienes, con ayuda de agencias de seguridad estadounidenses, tienen ubicados, ¿por qué no los detienen?, ¿por qué no se frena la ola de asesinatos que desde hace dos años flagela a esa entidad?

Algunos malpensados dicen que, en realidad, no se ha hecho nada para acabar con el brazo político del crimen organizado, que controla todas las instituciones de seguridad en ese y otros estados, comenzando por las direcciones de protección ciudadana en los municipios y terminando con los encargados del Ejecutivo estatal, donde el rochismo continúa al mando. Eso asegura que se gobierne desde Badiraguato, localidad natal de Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza Cázarez y los Chapos Guzmán.

Es el referente para afirmar que, a pesar de los reportes sobre la caída de los asesinatos, la inseguridad prohijada desde “lo más alto” e implementada por diversos gobiernos estatales como forma de administrar la cosa pública continúa, porque, al igual que la corrupción, es parte del ADN de la 4T. La mejor prueba de ello son los hermanos López Beltrán, los López Hernández y toda la red delincuencial que tejieron a lo ancho y largo del país, donde no solo el presidente en turno estaba enterado, sino que la encabezó.

Todos los escándalos que denuncian la cínica corrupción de los morenos, quienes se esconden tras la impunidad que les garantiza un gobierno federal apoderado del Judicial y el Legislativo, así como de los organismos electorales, muestran a las claras quién manda en este país y quién controla los grandes negocios delincuenciales, que van desde la complicidad con el crimen común hasta el brazo político que lo protege.

Hoy sí existe una mafia en el poder que se manifiesta en todos los niveles de gobierno, con la participación de familiares, amigos y compadres que llegaron para repartirse el botín inacabable que es México. Y si les falta algo por robar, recurren a más deuda pública, la cual habremos de pagar todos quienes aquí vivimos, hasta aquellos a quienes mantienen como su base electoral con migajas.

Son esos a quienes la 4T desprecia y a quienes no permitirá que se vuelvan aspiracionistas ni que salgan de la miseria social, educativa y económica, porque perdería sus bases electorales. El mismo profeta, en arranques de cinismo, lo ha dicho: por Morena votan los más pobres, que son parte de la estrategia política del obradorismo, y los más ignorantes.

Y todo eso hace que la inversión no llegue. Los empresarios no confían en un gobierno que miente, roba y traiciona. No aparecen los 300 mil millones de dólares prometidos, ni siquiera los 70 mil millones que los empresarios nacionales prometieron y que ofertan en cada fotografía que se toman en Palacio Nacional.

Empresarios que, además, se sienten traicionados. Les ofrecieron que no habría reforma judicial, que se fortalecería el Estado de derecho, que tendrían voz y voto en los proyectos, que se abatirían la corrupción y el crimen. Pero nada de eso sucede y ahora, a cambio, se les van a la yugular para apretarles más el cuello con una democrática corbata de impuestos, restricciones fiscales y obligaciones de aumentar salarios sin una base de productividad.

La reacción de los empresarios, a quienes se critica y se mantiene alejados del poder, es silenciosa, pero efectiva: se van del país, como Nissan o Audi, o cancelan expansiones, como Femsa, a través de su red OXXO, que cerró casi 300 tiendas y que, de las mil proyectadas para expansión, apenas cubrirá dos terceras partes.

Las razones las dicen al aire: inseguridad criminal y jurídica, mayores obligaciones fiscales y salariales que elevan los costos de producción sin que aumente la productividad y, para colmo, la revisión anual del T-MEC, que inhibe las inversiones de mediano y largo plazos. Por eso no crecemos. Eso dicen.