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Por David Martínez
El fútbol contemporáneo parece atravesar una crisis de credibilidad sin precedentes. En el epicentro de esta, se encuentra Josep Guardiola, el técnico más laureado de su generación, cuyo palmarés exuberante ahora es cuestionado desde dos frentes que convergen de manera incómoda: el caso Negreira en Barcelona y las 114 infracciones financieras confirmadas por la Premier en torno al Manchester City.
Los datos son bastante simples y bastante contundentes: Guardiola abandonó el Barça en 2012, pero los pagos a Negreira continuaron hasta 2018, según documentos judiciales. En el Manchester City, su gestión coincidió con el nivel de súperclub. Gastó más de dos mil millones de euros durante su gestión, aunque las investigaciones judiciales abarcan periodos amplios. Aquí reside el núcleo del debate ético. El éxito deportivo es objetivamente verificable; las acusaciones son subjetivas hasta la sentencia definitiva. Pero el peso de la sospecha altera irreversiblemente la percepción pública.
Los críticos argumentan ¿cómo puede permanecer intachable la reputación de alguien que dirigió equipos implicados en estos escándalos? El argumento pesa más de lo que parece: la pregunta no es si Guardiola firmó los cheques ni maquilló las cuentas; es si puede reclamar la gloria íntegra de los resultados pretendiendo, a la vez, una ignorancia perfecta sobre las condiciones que los hicieron posibles. El entrenador no es un espectador del proyecto: es su beneficiario directo y su rostro público. Los millones que, según la comisión independiente, el Manchester City manejó al margen de las reglas no durmieron en ninguna cuenta: se convirtieron en fichajes, en salarios, en profundidad de banquillo, en esa capacidad casi obscena de renovar a un campeón sin dejar de competir ni una sola temporada. Con el Barça ocurre lo mismo. Los defensores recuerdan que los pagos a Negreira empezaron años antes de Guardiola y continuaron seis años después de su marcha; cierto. Pero los críticos replican con la otra mitad del dato: esos pagos también cubrieron, euro a euro, cada uno de sus catorce títulos. Quizá no compraron un solo penalti o algún partido —la justicia todavía no lo ha probado—, pero queda una pregunta que ningún palmarés podrá eludir: ¿puede alguien beneficiarse durante años de un ecosistema y después declararse turista dentro de él?
La respuesta de los defensores es igualmente válida: ¿acaso un entrenador debe ser penalizado por decisiones administrativas tomadas por directivos? La historia del fútbol les da munición sólida. En el Calciopoli, la Juventus perdió dos Scudetti y descendió a la Serie B, pero el peso del castigo recayó sobre Luciano Moggi, el director general que urdió la trama, no sobre los técnicos del periodo, que siguieron entrenando en otros banquillos. En el Marsella de Bernard Tapie, el soborno a jugadores del Valenciennes costó al presidente su cargo, su título liguero y, con el tiempo, su libertad; el vestuario, en cambio, conservó casi intacto su estatus. El precedente es consistente: cuando el fútbol sanciona, sanciona a los que firman, no a los que dirigen.
Y, sin embargo, esa defensa choca contra un límite que se llama liderazgo. ¿Cuál es la responsabilidad del director técnico en casos como este? En lo penal, ninguna. Pero la responsabilidad no se agota en los juzgados. Está la funcional: dirigió el proyecto deportivo, eligió a los futbolistas y administró las ventajas competitivas que ese presupuesto, hoy bajo sospecha, generó. Y está la moral, la más incómoda: la del líder que exige a sus jugadores enterarse de todo lo que pasa dentro del vestuario, pero que nunca preguntó de dónde salía el agua del grifo. Entre no saber y no querer saber hay un abismo, y ese abismo se llama diligencia. En 2019, el propio Guardiola dejó una frase: si el club le mentía, se marcharía al día siguiente. Aquella promesa es hoy una gran ironía.
¿La corrupción en el fútbol mata el juego? Sí, y lo hace de la manera más eficaz que existe: en silencio, sin penales polémicos ni tarjetas rojas. El producto que este deporte vende desde hace más de un siglo es la incertidumbre del resultado: millones de personas entregan su dinero, sus domingos y su identidad emocional a cambio de la promesa de que lo que van a ver no está escrito de antemano. Corromper a un árbitro e inflar un presupuesto por encima de lo que las reglas permiten son, en el fondo, el mismo delito: escribir el guion a espaldas del público. El doping financiero no compró ningún penal, pero compró la posibilidad de tener a tres jugadores de élite esperando su turno desde el banquillo. Cuando eso se normaliza, el espectáculo sigue existiendo; lo que muere es el deporte. Y un fútbol que es solo espectáculo es un circo con himnos y escudos.
La mancha es tan grande que no debería permanecer impune. Si el mayor expediente disciplinario de la historia de la Premier League termina en multas negociadas, prescripciones elegantes o apelaciones eternas —como ya ocurrió en 2020, cuando el TAS anuló la sanción de la UEFA porque buena parte de los cargos habían caducado o no quedaron probados—, la lección quedará tallada en piedra: las reglas son para los clubes que no pueden pagar buenos abogados. Mientras los modestos descienden por impagos, los superclubes litigan durante una década. La Juventus perdió sus títulos y el Marsella los suyos: el fútbol ya demostró, cuando quiso, que sabe castigar.
Queda la pregunta de fondo, la que atraviesa todo este asunto: el juego limpio es meritocrático —gana el mejor, no el que mejor paga al mejor—, pero ¿tiene sentido cuando se saltan las reglas? La meritocracia solo respira bajo dos condiciones: reglas iguales para todos y verificación auténtica de los méritos. Si cualquiera de las dos falla, el mérito se convierte en decorado. Un campeón que compite con reglas distintas no es más meritorio que el estudiante que copia en el examen: es, simplemente, un tramposo con mejor prensa. Las campañas de fair play, los brazaletes de capitán y los discursos sobre los valores del fútbol no resisten la convivencia con estructuras que convierten la ventaja en método.
Es verdad que una columna de opinión no puede convertirse en tribunal. Pero sí puede señalar lo innegable: cuando el ecosistema futbolístico acumula suficiente evidencia de irregularidades sistémicas, la gloria individual queda inevitablemente manchada por sombras colectivas. ¿Será Guardiola despojado de los trofeos en los tribunales? Probablemente no de todos, dado que los procedimientos están en curso y las apelaciones podrían tener sustento. ¿Cambiará esto la percepción histórica de su legado? Indudablemente.
El fútbol, como institución social, enfrenta un examen existencial. Si permite que campeones operen dentro de estructuras fraudulentas sin consecuencias proporcionales, su narrativa meritocrática colapsa. Si castiga excesivamente a figuras individuales por fallos institucionales, también pierde legitimidad.PD. Este portal cumple cuatro años. Muchas felicidades a todos quienes lo hacen posible, pero, sobre todo, a quienes nos leen. A por más.

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