Ciudad de México, 14 de septiembre de 2026. – Desde hace varios meses, la Autoridad Investigadora de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) ha dado seguimiento cercano a noticias y llamados de aficionados sobre posibles conductas anticompetitivas en el fútbol mexicano.

Tras analizar los eventos ocurridos en los últimos meses, la Autoridad Investigadora determinó que cuenta con indicios suficientes para abrir formalmente una investigación de oficio por posibles prácticas monopólicas en el mercado de fútbol profesional en México [1] y el día de hoy publicó el acuerdo de inicio correspondiente.

En particular, la Autoridad Investigadora decidió iniciar esta investigación tras dar seguimiento puntual a hechos y conductas que podrían constituir prácticas monopólicas relativas, es decir, conductas de abuso de poder de mercado que pudieran estar afectando el mercado de fútbol en el país.

El fútbol tiene un gran impacto en la actividad económica del país, no solo por su popularidad y la cantidad de espectadores que reúne, sino por todos los bienes y servicios que involucra dicho deporte. De acuerdo con información de fuentes públicas:

México es el segundo país del mundo con más aficionados de fútbol, movilizando a aproximadamente 250,000 personas cada fin de semana.

La final de la “Copa del Mundo 2026” habría tenido, tan solo en México, una audiencia estimada de más de 30.5 millones de personas.

La industria del fútbol generó en México más de $52,000 millones de pesos en 2024 y genera aproximadamente 150,000 empleos al año.

El inicio de esta investigación no prejuzga sobre la existencia de una práctica monopólica ni sobre la responsabilidad de agente económico alguno. En caso de que, tras el procedimiento de investigación y, en su caso, el procedimiento subsecuente, se acredite la responsabilidad de algún agente económico, el Pleno de la CNA puede imponer sanciones de hasta el 10% de sus ingresos anuales y ordenar la corrección o supresión de la práctica anticompetitiva.

La Comisión Nacional Antimonopolio reitera su compromiso de garantizar que los beneficios de la competencia sean tangibles para toda la población y que ningún mercado se vea afectado por conductas anticompetitivas.