Tienen la procuración e impartición de justicia, en México, una falla de origen, desde las policías, ministerios públicos hasta jueces y magistrados.

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Falla de origen: Poder Judicial

Por J. Adalberto Villasana

Hay fallas de origen en la procuración e impartición de justicia en México, pero, la elección de integrantes del Poder Judicial acapara la agenda legislativa, así como el va y viene de la opinión pública, sin embargo, poco se habla de lo que afecta a la gente, como lo es la impunidad que alimenta al crimen organizado.

Se denuncian sólo diez de los delitos y se resuelve apenas uno de ellos, con un daño patrimonial para las familias afectadas. Atender la crisis que se padece en la procuración e impartición de justicia, es el reto.

Recordemos que, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025 del Inegi, reveló que el costo del delito es alto. El monto total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares fue de 269.6 mil millones de pesos (6,226 pesos, en promedio, por persona afectada).

Lo anterior se traduce en 1.07% del Producto Interno Bruto (PIB). Las medidas preventivas que los hogares tomaron contra los delitos ascendieron a 91.8 mil millones de pesos, y las pérdidas por victimización a 177.8 mil millones de pesos.

Ahora hay que enfocarnos en el principal problema del Poder Judicial, en todos sus niveles. En 2024, de los 33.5 millones de delitos ocurridos, solo 9.6 % se denunció, cifra inferior a

10.4 % de 2023.

El Ministerio Público (MP) —o fiscalía estatal— abrió carpetas de investigación en 70.5% de estas denuncias. Lo anterior implica que, del total de delitos ocurridos, 93.2 % no se investigó (lo que se conoce como cifra oculta). El porcentaje resultó similar al de 2023 (92.9%), apunta la ENVIPE 2025.

Del 70.5 % de denuncias en las que se abrió una investigación, en 39.2% no pasó nada o no se resolvió la denuncia y 40.7% sigue en trámite. Esto implica que 79.9% de las denuncias no arrojó conclusión alguna en 2024.

Las razones más comunes para no denunciar delitos fueron pérdida de tiempo, con 34.6%; desconfianza en la autoridad, con 14.0%; trámites largos y difíciles, con 10.2 %, delito de baja importancia, con 12.9%; falta de pruebas, con 9.4%; y miedo a la persona agresora, con 6.1 por ciento.

El estudio Radiografía de la Impunidad, 2024: Hallazgos del Sistema de Justicia Penal en México, de la asociación México Evalúa, destaca la existencia de una brecha estructural entre seguridad y justicia e, indica: se registraron 8.8 millones de reportes de delitos a los números de emergencia 911 y 089, y solo 2.15 millones de denuncias ante fiscalías.

Textualmente hay que decirlo: la gente no denuncia porque no confía en la autoridad judicial, desde el Ministerior Público hasta los jueces. La impunidad prevalece por fallas en el sistema judicial y las omisiones o falta de preparación del personal. Así, mientras la elección de integrantes del Poder Judicial ocupa la atención de propios y extraños, se queda en el baúl de los recuerdos lo trascendental: justicia para el pueblo.

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