Decían que el Ejército sabe todo

6 noviembre, 2025 By Adalberto Villasana Miranda
Miguel Ángel Rocha. Yo campesino.
Miguel Ángel Rocha. Yo campesino.

Yo Campesino

¿Estado de Derecho?

Carlos Manzo ordenó abatir a delincuentes armados no a inocentes

Miguel A. Rocha Valencia

Si como dicen, el exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo estaba protegido por 14 policías-soldados federales y elementos municipales, habrá que indagar cómo se les pudo colar un sujeto armado, sobre todo porque el Ejército, “lo sabe todo” incluyendo quienes son los delincuentes, cómo se mueven y dónde operan y se esconden.

Al mismo tiempo debe dejarse en claro que el alcalde asesinado a pesar de la seguridad federal periférica y sobre lo cual sería bueno que se revelara el informe del general Héctor Francisco Morán, comandante de la 21 Zona Militar, con sede en Morelia, no ordenó una guerra como la de Calderón o Peña sino simplemente que se abatiera a delincuentes armados que ataquen a civiles o se opongan a ser detenidos, o sea aplicar la fuerza a que tiene derecho y obligación usar la autoridad para garantizar la paz y seguridad de los gobernados.

Pidió a los policías bajo su mando que no se dieran abrazos a los delincuentes y aceptar los balazos impunes de los criminales, pero a cambio le contestaron que no habría guerra, misma que el difunto alcalde no pidió, pero sí solicitó ayuda justamente para mantener el estado de Derecho.

Ese estado de Derecho que está roto en Michoacán donde se ha asesinado con toda impunidad lo mismo a luchadores sociales que a dirigentes de productores, presidentes municipales y hasta sacerdotes.

Igual sería interesante saber cómo fue que la protección perimetral de que hablan las autoridades de seguridad fue vulnerada a pesar de que eran 14 guardias. Tal vez el general Ricardo Trevilla podría dar alguna luz al respecto, sobre todo porque según el mismo Centro Nacional de Inteligencia, no se conocía ninguna amenaza contra el edil asesinado, a pesar de que él mismo denunció lo contrario.

Porque en los hechos, las cosas no han cambiado dado que, si bien se proclama una disminución del 25 por ciento en los homicidios dolosos o asesinatos, las desapariciones que equivalen casi a lo mismo, aumentaron proporcionalmente.

El dato que dan las propias autoridades a través de la secretaría de Gobernación  es que en la anterior administración el número de personas desaparecidas pasó de 9 mil 114 del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2019 a 15 mil 855 entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de octubre de 2025 con la actual lo cual representa un aumento del 73.9 por ciento.

Ese contraste entre la disminución de homicidios dolosos y el aumento en desaparecidos es lo que hoy está en duda de la estrategia nacional de seguridad, especialmente porque al desaparecer los mecanismos de verificación y las instituciones de transparencia, sólo queda la voz oficial.

Pero en el caso del alcalde Carlos Manzo, la relevancia alcanza niveles internacionales no sólo por las condolencias de autoridades estadunidenses incluyendo al embajador Ronald Johnson sino que al día siguiente se dio a conocer que ese país se prepara para “lanzar ataques militares con drones a instalaciones y líderes de cárteles de la droga en México”, por más que aquí sigamos proclamando una soberanía que está en jaque por parte del crimen organizado.

Se afirma que la Casa Blanca y el Pentágono discuten el alcance de esa misión que emplearía drones donde estaría involucrado el Comando Conjunto de Operaciones Especiales del Ejército estadunidense, incluso con misiones encubiertas.

Eso sin duda es un reflejo de que, allende la frontera norte, se pone en entredicho la capacidad del gobierno federal mexicano para combatir a los criminales.

Es decir a final de cuentas es el estado de Derecho el que está comprometido; se trata entonces de combatir a los criminales de manera efectiva, no de reaccionar como en la emboscada, ante un ataque y emplear la fuerza reservada a la autoridad para dar seguridad a los mexicanos.

No se trata de una guerra sino de cumplir con una de las principales obligaciones del estado mexicano: garantizar la seguridad que se necesita para dedicarse en paz a la actividad lícita que cada quien desee pues eso es fundamental en toda política pública que busque el desarrollo del país.

Ya lo dijo alguien, si no hay seguridad, no hay transformación ni crecimiento de la sociedad.

Categorias: Opinión 

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