Ciudad de México a 9 de septiembre de 2025. – La diputada Ana Buendía García, presidenta de la Comisión de Atención Especial a Víctimas del Congreso de la Ciudad de México, presentó una iniciativa que propone aumentar la pena por el robo de partes de vehículos automotores, pasando de tres a siete años de prisión, a un rango de cinco a diez años. Asimismo, se adiciona una fracción que sanciona el robo de elementos fijos, móviles, permanentes o temporales ubicados en la vía pública, destinados a la prestación de servicios eléctricos.

En la tribuna explicó que, en segundo lugar, se reforma el artículo 331 para establecer penas de cinco a diez años de prisión y multas de cinco mil a diez mil días, a quien dañe, altere, interrumpa o destruya vías de comunicación, medios de transporte público o sistemas de transmisión de energía. Se incluye una nueva fracción que sanciona específicamente el robo o destrucción dolosa del equipamiento urbano del transporte público colectivo o del sistema integrado de transporte de la Ciudad de México, esto de acuerdo con la Ley de movilidad.

“Además, se contempla el agravamiento de las penas cuando estos delitos se cometan con violencia o por servidores públicos, reconociendo el impacto social y simbólico que estas conductas tienen en la confianza ciudadana y en el funcionamiento de nuestras instituciones”, destacó.

Dijo que el robo de cable en el Sistema de Transporte Colectivo Metro está vinculado a redes del crimen organizado, por lo que representa pérdidas millonarias para el erario y pone en riesgo la vida de millones de personas usuarias que dependen diariamente de este servicio. “El cable sustraído, de alta tensión, es esencial para la tracción, señalización y comunicación del sistema. Su ausencia provoca apagones, fallas operativas, interrupciones en el servicio y, en el peor de los casos, accidentes que podrían ser fatales”.

Cabe resaltar que entre 2019 y 2024, se robaron más de 14 mil 500 metros de cable. En 2023, con la presencia de la Guardia Nacional, se redujo considerablemente el robo, siendo hasta en un 61%, no obstante, este tipo de transporte sigue siendo víctima de este delito. En lo que va de 2025, se han sustraído más de 500 metros adicionales. Esta situación exige una respuesta legislativa firme, proporcional y eficaz.

Buendía García recalcó que la propuesta no busca únicamente castigar, sino proteger. Proteger a quienes madrugan para llegar a sus trabajos, a estudiantes que dependen del Metro para acceder a la educación, a familias que recorren la ciudad para atender sus necesidades. Proteger la infraestructura que hemos construido con décadas de esfuerzo colectivo.

A la iniciativa se suscribieron las diputadas Miriam Saldaña y Rosario Morales y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.