Ciudad de México, a 28 de mayo. – Marco Antonio Ortiz Salas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (CODUC), denunció a la empresa cementera con capital suizo Holcim por negarse a cumplir los compromisos económicos, generar un apoyo de 10 millones de pesos, crear fuentes de empleo y de infraestructura urbana e hídrica a favor de 83 ejidatarios y sus familiares de Macuspana, Tabasco, luego de beneficiarse con la adjudicación de 1,300 hectáreas y proveer cemento para la construcción del Tren Maya y la Refinería Dos Bocas.

En conferencia, el dirigente de la CODUC, señaló que: “hace 5 días, los ejidatarios y sus familias, llevaron a cabo de manera pacífica un plantón a las afueras de la empresa Holcim de México, en Macuspana, Tabasco, para exigir se dé cumplimiento a los acuerdos y convenios establecidos en el marco del decreto expropiatorio”.

Sin embargo, como consecuencia de lo anterior, la respuesta de la empresa con apoyo del gobierno estatal que encabeza Javier May Rodríguez se llevó a cabo la detención de 3 ejidatarios: Silverio Pérez Torres, Javier Cruz Ramírez y Alfonso López Morales, los cuales hasta el momento se desconoce su situación legal ante la Fiscalía estatal, por lo que la CODUC demanda su libertad inmediata.

Marco Antonio Ortiz Salas, líder nacional de esta organización advirtió que de no ser liberados los ejidatarios en las próximas horas, cerrarán indefinidamente la carretera Macuspana-Campeche y establecerán un plantón afuera de las instalaciones de la Secretaría de Gobernación.

Asimismo, demandó la instalación de una mesa de diálogo con los ejidatarios del Ejido Buenavista con autoridades de la Secretaría de Gobernación, el Gobernador de Tabasco, los dueños de la cementera y los titulares de la Sedatu, Procuraduría Agraria, Registro Agrario Nacional y Fifonafe para que se obligue a “empresa Holcim” a cumplir con la ley atender las irregularidades del despojo antes citado.

El dirigente de la CODUC informó que el 11 de enero de 1979 se publicó un decreto presidencial por el cual se expropiaron al Ejido Buenavista, Municipio de Macuspana, estado Tabasco, una superficie de 1,328-97-42 hectáreas, lo que representaba un 70% de la superficie total del ejido, en favor del Banco Nacional de Obras Públicas, para vender posteriormente los terrenos expropiados a una empresa que fabrica cemento (Cementos Apasco S.A. actualmente Holcim México, “empresa internacional con capital suizo”), afectándose a 85 ejidatarios.

La empresa, (en aquel entonces) contrajo compromisos con los ejidatarios afectados con la participación de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), hoy Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), con la función de coordinar las acciones en que deberían de resolverse los problemas suscitados por causa de la expropiación.

Para lo cual, se les forzó a los ejidatarios afectados a aceptar ciertos planes de inversión de sus fondos de indemnización; proyectos productivos; oferta de trabajos en la industria; planes de trabajo colectivo.

Sin embargo, dijo, no se cumplió con la creación de 300 nuevas plazas de trabajo para ejidatarios afectados, edificación de viviendas dignas a cada ejidatario, construcción de infraestructura social, como línea de conducción y red de distribución de agua potable, instalación de la planta potabilizadora; instalación de la planta de tratamiento de aguas negras, y sistema de drenaje, así como el terraceado para la formación de las calles y el concreto hidráulico en favor del ejido.

Tampoco se concretó el acuerdo de ubicación y compra a particulares para la constitución de la zona urbana, creación y mantenimiento de un centro de capacitación de especialidades técnicas industriales, albañilería, soldadura, hojalatería, pintura, reparaciones eléctricas, mecánica automotriz, la implementación del pago de una regalía permanente del 1% sobre el valor de la venta de cemento, proyecto agropecuario consistente en tres módulos de producción, establecimiento de una unidad ganadera y proyecto de corredor turístico en beneficien directamente al núcleo. Por todo lo anterior, existe una demanda de reversión total de dicha expropiación y específicamente la vinculada con 800 hectáreas que no están ocupadas.