Ciudad de México, a 1 de abril de 2025. – La diputada del PVEM, Rebeca Peralta León, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Salud de la Ciudad de México con el objetivo de que se proporcione y garantice la continuidad de tratamientos hormonales y moderantes, así como la atención médica integral para las personas transgénero privadas de su libertad en el sistema penitenciario de la capital del país.

Al presentar la propuesta, durante la sesión ordinaria en el Congreso capitalino, la legisladora ecologista advirtió que la interrupción de tratamientos hormonales y moderantes, vitales para su bienestar, puede desencadenar graves consecuencias físicas y mentales en las personas transgénero.

Precisó que, según datos de organizaciones de la sociedad civil, más del 70% de las personas trans privadas de su libertad reportan haber sufrido la interrupción de sus tratamientos hormonales, lo que conlleva a un grave deterioro de su salud, y en muchas ocasiones depresión, ansiedad, e incluso ideas suicidas.

“Es imperante que se entienda que el derecho a la salud de las personas trans no se suspende por su situación de privación de libertad, por lo que resulta importante resaltar que el Estado tiene la obligación de garantizar la continuidad de los tratamientos médicos previamente iniciados”, aseguró.

La iniciativa de la representante popular por el Distrito 24 de Iztapalapa busca que se adiciona un artículo 144Bis a la Ley de Salud de la Ciudad de México, para que las Secretarías de Salud y la  Secretaría de Seguridad Ciudadana coordinen esfuerzos para garantizar la continuidad y adecuación de tratamientos hormonales y moderantes en forma permanente, oportuna y eficiente, así como la atención médica integral para las personas transgénero privadas de su libertad que se encuentren en cualquier etapa del tratamiento.

En la propuesta, la legisladora ecologista propone garantizar la continuidad ininterrumpida de los tratamientos hormonales y moderantes previamente prescritos; establecer protocolos claros para la evaluación y ajuste de dichos tratamientos, siempre con respeto a la identidad de género de la persona; y asegurar el acceso a atención médica integral, incluyendo la salud mental, con profesionales capacitados y especializados.

La diputada Rebeca Peralta comentó que las personas trans privadas de libertad, están totalmente invisibilizadas, prueba de ello es que no existen datos oficiales actualizados sobre esta población y su situación; “Esta no es una cuestión de ideologías, sino de humanidad. Se trata de reconocer que las personas trans, incluso tras los muros de una prisión, son titulares de derechos”, aseveró.

En la iniciativa turnada a la Comisión de Saludad para su análisis y dictaminación, se señala que de los pocos datos estadísticos que existen en México sobre personas trans, la Encuesta sobre Discriminación por Motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género (ENDOSIG) 2018 informa que 25.9 por ciento de ellas reportó haber vivido agresiones físicas en su contexto familiar durante su adolescencia y 64.9% recibieron comentarios negativos y ofensivos acerca de su identidad de género.

Por esta razón, alrededor del 25.2 por ciento de ellas dijo haber salido de su hogar antes de cumplir los 18 años. En cuanto a incidentes de discriminación en su vida cotidiana, el 33.2 por ciento dijo haber vivido algún incidente en su barrio o comunidad, el 39 por ciento dentro de su lugar de trabajo y el 40.8 por ciento ha dicho que en servicios de salud les han humillado o tratado mal.

La discriminación y exclusión forman parte de la cotidianidad de gran parte de las mujeres trans, pues muchas de ellas se quedan sin el apoyo de sus familiares o amistades a la hora de transicionar o de expresar su identidad de género y, en el caso de aquellas que viven situaciones de especial vulnerabilidad, la probabilidad de que sean criminalizadas en algún punto de su vida aumenta de forma considerable.

En su discurso, la legisladora Rebeca Peralta dijo que, a nivel mundial, las personas trans han sido sujetas a la discriminación, la criminalización y la violencia institucional. A menudo, enfrentan exclusión social, violaciones de sus derechos humanos y transfobia. “La población trans en reclusión, generalmente, vive violencia, la cual se incrementa por la falta de ubicación adecuada al interior de los centros de privación de libertad, es decir, la ubicación de las personas trans dentro de las prisiones se realiza a partir del sexo asignado al nacer, sin considerar en absoluto la identidad de género”, finalizó.