Ciudad de México, a 24 de abril de 2025. – La diputada del PVEM en el Congreso de la Ciudad de México, Rebeca Peralta León, presentó una iniciativa para otorgar un estímulo fiscal, vía el impuesto sobre la renta, a las empresas que contraten o tengan en sus nóminas a personas recién liberadas del sistema penitenciario en México, con lo cual se contribuirá a lograr su reinserción social y reducir la reincidencia delictiva en el país.

Al presentar la propuesta ante el Congreso de la Unión para reformar el artículo 186 Bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la legisladora ecologista afirmó que “cada peso invertido en reinserción laboral se traduce en ahorros significativos para el Estado, al reducir los costos asociados a la delincuencia y la prisión”.

En México, la realidad es cruda ya que, de acuerdo a datos del INEGI, solo 3 de cada 10 personas liberadas consiguen un empleo formal, aseguró la diputada Peralta León, quien comentó que esta carencia no solo trunca sus oportunidades de reintegrarse a la sociedad, sino que alimenta un círculo vicioso de exclusión, desempleo, economía informal y, lamentablemente, reincidencia delictiva.

El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria revela que un alarmante 78% de los liberados no encuentra empleo formal en su primer año de libertad. Esta cifra no es solo un número; es un reflejo de vidas truncadas, familias desamparadas y una sociedad que clama por soluciones, lamentó.

Desde la tribuna del Palacio de Donceles y Allende, la legisladora Rebeca Peralta dijo que, a nivel internacional, los incentivos fiscales para promover la contratación de personas liberadas del sistema penitenciario, han demostrado ser una herramienta efectiva en la reducción de la reincidencia delictiva y el fomento de la inclusión laboral.

Puso como ejemplo que en Estados Unidos el programa Work Opportunity Tax Credit (WOTC), ha generado impactos significativos. Desde su implementación, este esquema ofrece a las empresas un crédito fiscal de hasta $2,400 dólares por cada persona liberada que contraten, resultando en aproximadamente 48,000 empleos anuales para este sector vulnerable y la tasa de reincidencia disminuyó en un 22% en promedio.

Alemania destaca con su enfoque de “empresas sociales” que reciben exención total de impuestos cuando al menos 30% de su plantilla laboral está compuesta por personas en proceso de reinserción, agregó.

En América Latina, señaló, Chile ha implementado con éxito el programa “Libertad Emplea”, que ofrece triple deducción fiscal por las contrataciones de personas liberadas. El Ministerio de Justicia chileno reporta que esta iniciativa ha generado más de 8,000 empleos formales desde su creación en 2018, con una tasa de retención laboral del 68% después de dos años.

La legisladora ecologista expresó que en México este tema aún representa un gran desafío, debido a que los datos sobre empleo a personas recién liberadas son particularmente preocupantes: Apenas el 6% de las personas liberadas consigue empleo formal durante los primeros tres meses posteriores a su liberación, mientras que el 72% permanece en situación de desempleo.

Expuso algunas de las barreras estructurales que impiden la contratación de las personas recién ex encarceladas, entre ellas que el 58% de los liberados carece de identificación oficial vigente, que uno de los requisitos para un gran número de empleos consista en la carta de no antecedentes penales y el 83% de los empleadores manifiesta rechazo a contratar personas con antecedentes penales.

No obstante, subrayó, existen casos exitosos que demuestran la viabilidad de la reinserción laboral, por ejemplo, Grupo Modelo, a través de su programa “Segunda Oportunidad”, ha contratado a 284 personas liberadas en los últimos cinco años, con una tasa de retención del 89%.

Insistió en que su iniciativa busca incentivar la contratación de personas recién liberadas mediante beneficios fiscales para las empresas.

Dijo que esta medida no solo generará empleos, sino que también contribuirá a reducir la reincidencia delictiva, porque al brindar oportunidades laborales, ofrecerán alternativas diferentes que volver a delinquier; impulsar la economía formal, fomentando así la generación de empleos legales y productivos; y alinear nuestras acciones con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y promover así el trabajo decente y la construcción de instituciones sólidas.

La legisladora hizo un llamado a “la conciencia de los empresarios, a la sensibilidad de los legisladores y a la solidaridad de la sociedad en general. Juntos, podemos construir un México más inclusivo, vanguardista y próspero para todos”.

La iniciativa de la diputada Rebeca Peralta busca otorgar un estímulo fiscal a los contribuyentes, personas físicas o morales del impuesto sobre la renta, que empleen a personas liberadas de prisión como parte de su reinserción social. El estímulo fiscal consiste en poder deducir de los ingresos acumulables del contribuyente para los efectos del impuesto sobre la renta por el ejercicio fiscal correspondiente, un monto equivalente al 25% del salario efectivamente pagado a las personas antes señaladas. Para estos efectos, se deberá considerar la totalidad del salario que sirva de base para calcular, en el ejercicio que corresponda, las retenciones del impuesto sobre la renta del trabajador de que se trate, en los términos del artículo 96 de esta Ley del Impuesto sobre la Renta.