Ciudad de México, a 11 de agosto de 2024. – La expresidenta nacional del PRI, Dulce María Sauri Riancho y los expresidentes Pedro Joaquín Coldwell y Enrique Ochoa Reza señalaron que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha sido permisivo ante el “atraco” de la dirigencia nacional, que este domingo culminó con la reelección de Alejandro Moreno Cárdenas en la presidencia del partido para los próximos cuatro años.

“Este domingo se ha consumado la farsa”, coincidieron la y los exlíderes partidistas, al recordar que “esta reelección es producto de una Asamblea Nacional ilegal, a partir de una reforma ilegal de los Estatutos y de un proceso de elección ilegal”, con la que Alejandro Moreno pretende reelegirse y secuestrar el partido histórico de México.

Sostuvieron que la Asamblea Nacional tiene múltiples ilegalidades en cuanto a su ejecución, ya que el Reglamento para su organización no fue aprobado por el Consejo Político Nacional (CPN) como lo establecen los Estatutos en su art. 83.

De igual manera, no hubo información oportuna de los cambios estatutarios que se iban a votar ni acceso amplio a las mesas de discusión para las y los delegados interesados en participar. De hecho, solamente cien personas fueron acreditadas en cada una de las mesas que discutían las reformas. Se trata de una Asamblea rasurada, solo participan los consejeros nacionales elegidos a modo por esta dirigencia.

Sauri Riancho, Joaquín Coldwell y Ochoa Reza señalaron que, por primera vez en la historia del Partido Revolucionario Institucional, el dirigente se reelige “a puerta cerrada, sin propuestas, ni debate, ni proyecto de futuro y donde la militancia ha estado ausente. “El PRI es un partido secuestrado por la ambición personal de Alejandro Moreno, alejado del buen desarrollo institucional del Partido”.

“El daño jurídico infligido el día de hoy al PRI se podrá reparar cuando el INE y el Tribunal Electoral anulen la Asamblea Nacional ilegal, así como todos los actos derivados de ella, como es la reelección de la dirigencia. Sin embargo, el daño moral ante la sociedad por los actos ilegales de la actual dirigencia será muy difícil de resarcir”, afirmaron los ex dirigentes.

Además, los ex presidentes sostuvieron que la reelección de Alejandro Moreno afecta los principios de igualdad sustantiva y de paridad de género a la que está obligado el PRI, conforme a la Constitución en su art. 4 y a sus propios Estatutos, art. 173.

La posibilidad de que el actual dirigente se pueda reelegir en otros dos periodos ordinarios, después de que ya concluyó un ordinario y otro extraordinario,  es inconstitucional y anti estatutario por incumplir y violar la regla de paridad en la elección de dirigentes, dado que no permite la alternancia de género. 

Ante todo lo anterior, consideraron lamentable que el Tribunal Electoral haya sido permisivo ante el “atraco”, luego de que sólo tres magistrados de la Sala Superior permitieron que la larga cadena de ilegalidades culminara en la reelección de Alejandro Moreno. “Tuvieron la oportunidad de actuar y decidieron no hacerlo”, expresaron.

Destacaron el cuestionable proyecto en el que la magistrada presidenta, Mónica Soto, remitió al Partido y al Instituto Nacional Electoral (INE) las dos impugnaciones que un grupo de expresidentes nacionales del PRI presentaron a nombre de cientos de militantes en resistencia frente a las ilegalidades.

Sin embargo, “la magistrada presidenta Soto optó por no ponerle fecha límite al partido para que resuelva, contrario a la propuesta original del magistrado Reyes Mondragón. La consecuencia era previsible, el PRI no ha resuelto el caso, aplicando un tortuguismo burocrático, mientras cumple aceleradamente como liebre el proceso ilegal para reelegir a Alejandro Moreno”.

“El Tribunal Electoral debe enmendar su error y resolver en última instancia bajo criterios estrictamente jurídicos que no den lugar a retrasos, ni a sentencias cuestionables por parcialidad o falta de rigor jurídico”, afirmaron Sauri Riancho, Joaquín Coldwell y Ochoa Reza.

La y los expresidentes nacionales del PRI advirtieron que “la larga marcha continúa”, al recordar que el INE tiene la responsabilidad de determinar si la Asamblea Nacional y la Reforma a los Estatutos es ilegal.

Acudimos ante el INE sumando las voces de militantes distinguidos como Fernando Galindo, Aurelio Nuño y Fernando Zendejas para defender la legalidad y el Estado Democrático. “El INE tiene la responsabilidad de evitar que un partido secuestrado por intereses personales no sea una isla autoritaria en el sistema democrático nacional”, sostuvo Aurelio Nuño.

Los ExPresidentes recordaron que la Ley Electoral es muy clara, pues en el artículo 34, párrafo segundo, dice:

“Son asuntos internos de los partidos políticos:

a)        La elaboración y modificación de sus documentos básicos, las cuales en ningún caso se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral…”

Además, refirieron que el artículo 25 de la Ley Electoral afirma que los partidos deben llevar a cabo sus actividades dentro de los cauces legales. De hecho, el Estatuto del PRI, en su artículo 173, prohíbe el cambio de presidente nacional, durante el proceso electoral federal, el cual aún no concluye.

En ese sentido, dijeron, la imposibilidad de cambiar de presidente durante el proceso electoral fue reconocido por el Tribunal Electoral en la sentencia del juicio JE-20/2023 de fecha 26 de abril de 2023, y por el PRI en la sesión de Consejo Político Nacional del 8 de mayo de 2023, en ambos casos se reconoce que el partido no puede hacer un proceso electivo para cambiar de dirigente, antes de la conclusión del Proceso Electoral Federal.

Por último, cabe señalar que este proceso de elección es ante un órgano rasurado. Históricamente la elección del Presidente del PRI incluía al Consejo Político Nacional y a los 32 Consejos Políticos de las Entidades Federativas del país. A partir de la reforma ilegal reciente de los Estatutos, se ha eliminado a los Consejos Políticos Estatales de la elección del dirigente nacional. Reduciendo la participación de la militancia y también afectando la legitimidad de la elección, ya de por si devaluada.