Hay un escenario complicado de crisis hídrica, el 61.5% del territorio mexicano padece sequías que han limitado el acceso al agua en los hogares.
TEXTUAL-es
J. Adalberto Villasana
Hay sequía legislativa en tema de agua
Es inexplicable que a pesar de la crisis hídrica la gestión del agua no sea una prioridad en México. Análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) apunta que el 61.5% del territorio nacional padece sequías que han limitado el acceso al agua en los hogares las últimas semanas.
Se resalta que la gestión del agua requiere mejor coordinación de autoridades de los tres niveles de gobierno.
Pero también de los diputados y senadores que tienen en sus escritorios la Ley de Aguas.
La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Ana Lilia Rivera Rivera aseguró que en el presente Periodo Ordinario de Sesiones entre los temas más importantes a abordar en la agenda 2024 se encuentra la nueva ley general de aguas.
La ley de aguas serviría para reconocer plenamente el derecho de las mexicanas y mexicanos a acceder al vital líquido, sin distinción de clase social.
Es cierto que el tema del agua requiere de la participación de la sociedad en su conjunto, pero autoridades y legisladores son los que menos cumplen con su parte.
El IMCO indica que México vive una crisis hídrica, la cual, al 15 de enero de 2024, afectaba a un total de 1,613 municipios con sequías severas, extremas y excepcionales. Algunos son particularmente vulnerables a estos cambios, especialmente en las regiones norte y centro.
Se considera que el incremento en las sequías es un reflejo de que el cambio climático ya impacta al país. La transformación en los patrones de precipitaciones es una realidad, al igual que el aumento de las temperaturas; como muestra, México ha visto un incremento de la temperatura promedio de 1.6 °C en los últimos 40 años.
También se subraya: El país carece de un andamiaje institucional adecuado para hacer frente a la nueva realidad. El primer eslabón es modernizar la regulación en la materia para promover una mayor coordinación entre actores, así como facilitar la inversión y dar mantenimiento a la infraestructura hídrica y, en términos generales, mejorar la gestión del agua en México.
De tal manera que la toma de decisiones en el sector hídrico se encuentra fragmentada entre actores públicos –en los tres niveles de gobierno– y privados con diferentes intereses y responsabilidades. Por ejemplo, actualmente existen 2,826 organismos operadores de agua -las autoridades municipales a cargo de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales- a nivel nacional.
Y la infraestructura hídrica, desde las presas hasta las tuberías y el alcantarillado, son obsoletas y presentan deficiencias en detrimento de una correcta gestión del agua. Todos los días hay ejemplos de lo que han dejado de hacer autoridades de los tres niveles de gobierno.
Textualmente hay que decirlo: Se requiere del compromiso de autoridades y legisladores para enfrentar adecuadamente la crisis hídrica que afecta una parte del territorio mexicano. La participación de la sociedad en su conjunto, es relevante, pero el problema requiere un nuevo marco legal de gestión, así como la modernización de la infraestructura, para lo cual se requiere de inversión.
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