La ley soy yo

El ganso se viste de charro con 23 reformas que le dan más poder y le pega a inversión

Miguel A. Rocha Valencia

Con sus reformas a 23 leyes que le darán al Ejecutivo federal la posibilidad de finiquitar contratos cuando se le dé la gana sin pagar indemnizaciones, así como realizar obras públicas sin necesidad de permisos, estudios ni proyectos ejecutivos, se cumple la máxima de que la Ley, es el ganso y con ello, futuras inversiones privadas se volverán tan riesgosas que, a pesar de ser México propicio para ello, preferirán no llegar.

De tal suerte que el círculo virtuoso que hasta hoy permite generar empleo, aunque sea con salarios de pobreza, se cerrará porque, además, la obra pública federal sólo se otorga a los cuates que se mochan o se agachan o al ejército, con lo cual, la generación de mano de obra se reducirá al mínimo para el pueblo sabio y bueno.

Tal vez esa fue una de las señales que “vio” Iberdrola y para acabar con persecuciones y no poner en riesgo proyectos que no tienen un futuro cierto, decidió vender a un consorcio privado respaldado por el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) con seos mil millones de dólares es decir 120 mil millones de pesos, con cargo, desde luego a deuda nacional.

Como la empresa española seguramente otras pondrán sus “barbas a remojar” y en vez de participar en inversión directa, nacional o extranjera principalmente, lo harán en deuda directa para aprovechar los magníficos premios que otorgan los papeles gubernamentales, como los Cetes que seguirán tan atractivos como las tasas de interés que proponga Banxico con el fin de parar una inflación que se bien se frena, los precios siguen para arriba y no van a bajar.

Porque una cosa es que la inflación pare o disminuya y otra que los precios de los básicos catalogados en la canasta básica disminuyan, esos ya subieron y ahí se van aquedar, incluso algunos como el huevo tuvieron un repunte del 12 al 20 por ciento como el huevo que de semana a semana pasó de 46 a 56 pesos el kilo.

Igual con los precios de productos y servicios ubicados en la inflación subyacente que una vez arriba, ahí se quedan como lo notan los consumidores de refrescos, papel de baño, peajes, pasaportes, bueno hasta las visas hacia Estados Unidos.

Es decir, de poco sirve que se marque un repunte en el empleo formal si sus salarios no superan la barrera de la pobreza laboral; el “cada vez alcanza para menos” se vuelve común, así como los carritos semivacíos del súper de donde desparecen productos de “lujo” como los quesos y las carnes disminuyen en gramaje adquirido.

Ahora con la eliminación de obstáculos legales que impidan al caudillo realizar sus obras públicas sin previo proyecto ejecutivo o estudios de impacto ambiental, la ciudadanía podrá sufrir “expropiaciones” sin derecho a pataleo.

De hecho, los Amparos otorgados por los jueces a ciudadanos o empresas que intenten defenderse de abusos de gobierno de por sí desobedecidos por la administración cuatroteísta, no valdrán ni el papel en que se impriman. Se hará la voluntad del supremo sin quitar puntos ni comas.

Con ello la propiedad privada dejará de tener garantías y entonces las expropiaciones se harán como dice el caudillo, por utilidad pública y “hágale como quiera”.

En la otra arista están los contratos que signe el gobierno federal con cualquier entidad privada. Con las reformas podrán darse por terminados o modificarse a decisión den la administración federal y ni siquiera habrá espacio a reclamación alguna, ni indemnizaciones o pago de los invertido.

Por eso, una vez que los lacayos del congreso aprueben, como lo harán sin chistar, por mayoría simple tales reformas, la inversión sufrirá un severo golpe, lo más seguro es que si ya muchos tenían decidido esperar mejores tiempos, ahora con más ganas y eso a ver si el sexenio próximo hay mejores señales.

Ese futuro ominoso para también a quienes tienen su propiedad privada, comunal o ejidal. El Ejecutivo podrá expropiarla y no habrá juez que lo impida. Lo de los daños al medio ambiente, pues si hoy se hacen sin cínicamente sin castigo por violar amparos, con las reformas se harán sin restricción alguna y sin posibilidad de defensa.

Duro panorama es el que se plantea para los próximos meses y años si no hay un cambio en las políticas públicas de este país.

Si los empresarios no ven ese cambio, es que el futuro de los mexicanos está más negro que nunca y sin siquiera un asomo de la oposición política por asumir su responsabilidad con lo cual, seguramente la pesadilla continuará más años.