Ciudad de México a 19 de febrero de 2025. – “En mi carácter de vicepresidenta de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso capitalino y a nombre de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente, licenciado César Silva Mejía le digo que ante la reciente incorporación de la maestra Alcalde Luján al frente de la Fiscalía General de Justicia la continuidad y reforzamiento de las políticas públicas deberán ser uno de los pilares del trabajo de las Fiscalías Especializadas”.

Por lo que le recordó al postulante a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción  que  el combate a este cáncer es uno de los principios fundamentales de la Carta Magna de nuestra Ciudad y que este cáncer  es un fenómeno social, político y económico, lo que origina aumento de la desigualdad social, de la inseguridad, así como la pérdida de confianza en las instituciones.

Asimismo, Sánchez Barrios agregó:” Nuestra mayor y mejor opción deben ser las políticas públicas para prevenir e inhibir cualquier acto que pretenda corromper los bienes o posesiones particulares o institucionales ¿por lo que, cuáles serán las políticas públicas necesarias?

Ante estos cuestionamientos César Silva Mejía contestó: “hay que atender a las víctimas de violencia de forma pronta y expedita ,pero que además queden a salvo sus derechos y que no sean revictimizados , es decir  que se cuide su integridad humana y física”.

Asimismo, durante su respuesta señaló que es importante para combatir la corrupción que los servidores públicos lleven a cabo foros y mesas de trabajo “que no sólo hagan normas en el escritorio porque se vuelven ineficaces, todo es diferente cuando se hace del brazo de la sociedad”.

Por otro lado, dijo que es importante tener autonomía financiera para mejores resultados, así como la profesionalización del personal que ocupará cargos relevantes.

Dejó en claro que enfrentar la corrupción tiene que ser con decisión, sin titubeos y con respeto a la ley. Finalmente, comentó que se debe evitar vínculos con políticos para no caer en las influencias políticas y se debe tener como obligación la rendición de cuentas de forma social e institucional cuando el Congreso de la Ciudad de México lo considere pertinente.