Ciudad de México, a 11 de septiembre. – La y los expresidentes nacionales del PRI, Dulce María Sauri Riacho, Pedro Joaquín Coldwell y Enrique Ochoa Reza, así como el Frente Amplio de Renovación, confiaron en que el Consejo General del INE resolverá, conforme a Derecho, los ilegales cambios estatutarios promovidos por la actual dirigencia del partido.

Manifestaron su apoyo al proyecto de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, ya que está a favor de la legalidad, y con estricto apego a la ley evidencia la fraudulenta realización de la Asamblea del Revolucionario Institucional y la ilegal reelección del presidente del Comité Ejecutivo Nacional.

Exhortaron a Alejandro Moreno a que no descalifique con mentiras el trabajo de los órganos electorales, porque están recuperando el camino de la legalidad en el PRI.

Afirmaron que la decisión de la Comisión de Prerrogativas nada tiene que ver con el voto del Revolucionario Institucional de la reforma judicial en el Senado.

“Se le pidió al INE y al Tribunal Electoral que resolvieran el asunto de los Estatutos antes, precisamente para no dar pretexto a su politización con la agenda parlamentaria nacional”, enfatizaron.

Sin embargo, abundaron, el PRI utilizó una estrategia inversa: retrasó múltiples veces el proceso de análisis de las autoridades electorales, al irse a las fechas límite, para presentar la documentación requerida ante el INE.

“Ahora, Alejandro Moreno no puede simular una victimización, cuando el PRI ha aplicado el tortuguismo burocrático. De hecho, el Partido sigue sin resolver las impugnaciones presentadas sobre este asunto ante la Comisión de Justicia Partidaria”, expusieron Sauri Riacho, Joaquín Coldwell, Ochoa Reza y el Frente Amplio de Renovación.

Dejaron en claro que la ilegal Asamblea del PRI aprobó cambios fuera del plazo legal, es decir, debieron ocurrir hasta la conclusión del proceso electoral, con lo que se violó la Ley General de Partidos Políticos (LGPP), hecho que fue evidenciado por las y los consejeros electorales integrantes de la Comisión de Prerrogativas.

Explicaron que el alcance de la restricción establecida en el artículo 34 de la LGPP ha sido analizado por la Sala Superior al resolver el expediente SUP-REC-519/2018, en donde claramente estableció que abarca todo el proceso electoral, es decir, la fase respectiva a su preparación, la propia jornada electoral y la etapa de resultados y calificación de las elecciones.

En este caso, el procedimiento de reforma estatutaria, al desahogarse entre el 6 de junio y el 7 de julio del año en curso, se hizo en clara violación a la prohibición referida y a los precedentes vinculantes de la Sala Superior, apuntaron. 

“Como se ha insistido, tanto los actos preparatorios como la materialización de las reformas, se dieron durante el proceso electoral, antes de la calificación de las elecciones, por lo que claramente se vulneró la prohibición legal señalada”, subrayaron la y los exlíderes nacionales del PRI, así como los miembros del Frente Amplio de Renovación.

Resaltaron que si el Consejo General del INE da luz verde al proyecto de la citada Comisión, quedará anulada la Asamblea Nacional y la reforma ilegal a los Estatutos, por lo que, de inmediato, Alejandro Moreno dejará de ser presidente nacional del PRI.

De hecho, aun cuando Alejandro Moreno acuda al Tribunal Electoral, los hará en su calidad de militante, porque no hay efectos suspensivos en materia electoral.

Sauri Riancho, Joaquín Coldwell y Ochoa Reza expusieron que corresponde iniciar una nueva etapa en el partido, con una dirigencia interina, conformada por perfiles experimentados, con calidad ética y reconocida militancia, que de paso a una elección abierta a la militancia, bajo un proceso transparente y confiable.

De ese proceso abierto a toda la militancia, se elegirá una nueva dirigencia nacional por cuatro años, con credibilidad, proyecto social y representatividad nacional. En su opinión, se trata de una oportunidad para iniciar la recuperación, democratización y fortalecimiento de las oposiciones, partidarias y de la sociedad civil, en la larga marcha por rescatar la democracia del país, tras la aprobación de la errónea Reforma Judicial.