Organizaciones de la sociedad civil y la academia llaman a SEP a emitir los nuevos lineamientos para la venta de alimentos y bebidas dentro de las escuelas para así garantizar el interés superior de las infancias.

Por Manuel Olmos López

Ciudad de México, 29 de abril de 2024.- En el marco de la celebración del Día de la Niñez, las organizaciones civiles El Poder del Consumidor y la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), junto con la academia, hacen un llamado a las autoridades para garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes (NNA) al transformar los entornos alimentarios escolares en espacios saludables, como una política prioritaria para el Estado.

México continúa arrastrando un grave problema de salud pública debido a las epidemias de diabetes, sobrepeso y obesidad, incluyendo la obesidad infantil, que presenta las tasas de aumento más aceleradas y, además, supone un costo de atención de $650 mil millones de pesos anuales que debe sostener el Estado. Actualmente 1 de cada 4 NNA viven son sobrepeso y obesidad, y 1 de cada 2 vivirán con diabetes. De no actuar con rapidez y efectividad, se estima que vivirán cuatro años menos que sus padres y, además, lo harán enfermos la mayor parte de su vida.

La obesidad infantil se deriva de un conjunto de factores, y uno de las más importantes es la exposición a un entorno obesogénico. Este determina las decisiones de consumo, debido a que NNA tienen acceso y consumo de productos chatarra en todo momento y en todo lugar. Por ejemplo, en las escuelas, NNA consumen cada día 550 calorías solo de productos chatarra, pudiendo aumentar hasta 7 kilogramos de peso cada año. Indudablemente el entono escolar contribuye a la epidemia de obesidad infantil, que es causa directa de trastornos de salud en la infancia, en particular complicaciones gastrointestinales, ortopédicas, apnea del sueño, estigma y la manifestación temprana de enfermedades cardiovasculares y diabetes.

Panorama alimentario en las escuelas del país

El Poder del Consumidor y la Redim, a través de la plataforma Mi Escuela Saludable, han realizado por 10 años un ejercicio de vigilancia ciudadana a nivel nacional sobre el entorno alimentario escolar. Durante el ciclo escolar 2023-2024, se han recibido un total de 13,437 reportes de 9,582 escuelas del país, denunciando que la mayoría de los espacios escolares a nivel nacional incumplen con la regulación obligatoria y sancionable: 79% venden refrescos, 98% venden golosinas, dulces, frituras y/o helados, Solo 19% tienen acceso a frutas, verduras y agua potable para consumo.

Apenas 4% cuentan con un comité que vigila el cumplimiento de la ley.

Liliana Bahena, coordinadora de la campaña Mi Escuela Saludable declaró: “El entono alimentario de las escuelas en nuestro país es alarmante e indignante, desde hace diez años registramos que el panorama en las escuelas es grave y cada ciclo escolar empeora, hoy estamos frente a una crisis en las que NNA no tienen acceso a alimentos saludables y agua potable, y en cambio, 98% de las escuelas venden de forma ilimitada refrescos, dulces, galletas, frituras y dulces, y a veces como única opción de consumo; dañando su salud, nutrición y aprendizaje”.

Si bien, en nuestro país se dio un buen primer paso para hacer frente a la epidemia de obesidad infantil con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la reforma a la Ley General de Educación, donde se establece que la Secretaria de Educación Pública tiene hasta junio 2024 para emitir nuevos Lineamientos, diseñados sin conflicto de interés y en garantía de los derechos de la infancia para prohibir totalmente los productos chatarra en todas las escuelas del país, estamos en espera de que sean publicados en máximo dos meses.

Ana Abreu, investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), declaró: “En el INSP hemos estimado que la reforma al artículo 75 de la Ley General de Educación, que prohíbe la preparación, venta y distribución de alimentos y bebidas con bajo valor nutricional dentro de las escuelas, reducirá la prevalencia de obesidad infantil hasta un 7% anual si la regulación se aplica efectivamente en un 80%. Por ello, es urgente contar con lineamientos claros y de fácil implementación, así como el monitoreo continuo, incluyendo la aplicación de sanciones cuando sean necesarias. Esto asegurará el bienestar de niñas, niños y adolescentes en las escuelas”

El Estado está obligado a defender, proteger, respetar y cumplir el derecho a la alimentación adecuada y acceso a agua potable en todas las escuelas del país.

Niñas, niños y adolescentes han expresado que “mayormente en las cooperativas se venden galletas, papitas, refrescos y bebidas azucaradas como jugos y leches, y la mayoría vienen empaquetados, entonces no solamente causan un daño a nuestra salud sino también al medio ambiente. Le pedimos al gobierno que regule la venta de productos chatarra, porque nos puede provocar obesidad y diabetes”.

Tania Ramírez, directora ejecutiva de la REDIM, declaró que “la reforma a la Ley General de Educación y el reconocimiento al derecho a la alimentación adecuada son parte del marco de derechos que deben de ser velados y garantizados para niñas, niños y adolescentes. El Estado mexicano deberá rendir cuentas a la Convención de Derechos del Niño en Ginebra por la continua violación de derechos a un entorno escolar saludable. Las voces de NNA debe ser escuchadas y sus propuestas deben aplicarse en las acciones escolares y de política pública. El futuro de las infancias es hoy, debemos entender que son titulares de derechos hoy”.

Hacemos un llamado urgente al Estado mexicano y sus instancias para garantizar un entorno educativo digno, seguro y saludable:

• Candidatas y Candidato a la Presidencia: incorporar en sus planes de trabajo acciones concretas y esfuerzos coordinados en políticas públicas de salud y nutrición que protejan y garanticen entornos saludables a NNA.

•  Secretaria de Educación Pública: diseñar e implementar efectivamente los nuevos lineamientos generales para la preparación, distribución y expendio de alimentos y bebidas en las escuelas del sistema educativo nacional en junio 2024, de acuerdo con la Ley General de Educación.