21 enero, 2024•By Adalberto Villasana Miranda
De 2018 a 2023 ingresaron a nuestro país aproximadamente 1.5 millones registradas por las autoridades, informó Ricardo Domínguez Guadarrama.
Para el gobierno de Estados Unidos las personas migrantes tienen enorme utilidad política y económica, pues “sirven para no tener que enfrentar el verdadero problema de la brecha cada vez más grande entre ricos y pobres; o para no responsabilizarse del deterioro, vejez y obsolescencia de su infraestructura”.
También para mantener en vilo a la sociedad bajo amenaza constante, palpable, en su propia casa. Y eso da poder de control al gobierno, porque legitima la violación de los derechos humanos de su población y el gasto de guerra, en seguridad nacional, afirmó el investigador de la Unidad Académica de Estudios Regionales de la Coordinación de Humanidades de la UNAM, Ricardo Domínguez Guadarrama.
Al participar en el panel Movilidades humanas: territorialidades e impactos regionales de las migraciones, organizado por esa entidad académica con sede en Jiquilpan de Juárez, Michoacán, añadió: parte del problema, visto desde el país vecino del norte, es que de 2018 a 2023 ingresaron a México aproximadamente 1.5 millones registrados por las autoridades. Esta gran masa de personas tiene altibajos, por temas como la pandemia.
Detalló que Estados Unidos ha impuesto leyes migratorias cada vez más restrictivas, de contención en sus fronteras: mayor cantidad de patrulla fronteriza, militares, muro, hasta extender el freno de las personas más allá de sus límites territoriales. Es una especie de extraterritorialidad de sus normas, como lo han sido sus estatutos comerciales y financieros.
Son las personas migrantes: poder de control para EUA.
Donald Trump seguramente no hubiera ganado la presidencia de esa nación sin el voto de los anglosajones de clase media, no profesionistas, obreros, quienes perdieron sus empleos, casas y autos cuando numerosas empresas se fueron a México o a China; es decir, “si no los hubiera convencido de que su situación se debía a los tratados de libre comercio y a los migrantes”.
La pandemia fue una bendición para el gobierno del magnate, ya que significó un elemento de contención a la migración. Los gobiernos, como el de México, tienen obligación, y debemos exigirlo, de tratar a las personas migrantes de manera que sus derechos humanos se protejan, precisó el universitario.
Criminalizado
En tanto, Diego Noel Ramos Rojas, profesor e investigador del Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara, al abordar las Movilidades humanas y desplazamiento forzado en la frontera sur. El caso de Tapachula como epicentro de la crisis migratoria y de refugio, refirió: la movilidad fronteriza es pendular, de ida y vuelta, permanente o temporal.
México es considerado clave en el corredor occidente para las movilidades humanas, por su dinámica polifacética: es un país de tránsito, destino, expulsor y de retorno. En tanto, la frontera entre Chiapas y Guatemala, con más de 950 kilómetros, es una región de importancia para el movimiento de personas, y Tapachula un referente en el tema migratorio; ahí son objeto de discriminación, abusos y múltiples violencias por parte de pandillas, polleros, incluso funcionarios.
México es considerado clave en el corredor occidente para las movilidades humanas, por su dinámica polifacética: es un país de tránsito, destino, expulsor y de retorno.
Corredor migratorio
En tanto, el posdoctorante en El Colegio de Michoacán, Abel Astorga Morales, al referirse al tema Braceros, migrantes en tránsito y migrantes temporales, expuso: en México el fenómeno incluye a personas centroamericanas y también a asiáticos, africanos, sudamericanos, incluso de Europa del este. Nuestro país todavía es uno de los principales expulsores, junto con India, China, Rusia y Bangladesh; y forma parte del principal corredor migratorio del planeta, agregó.
El Estado no puede dar una respuesta, por fuerte e importante que sea el fenómeno de la migración, que no vaya acorde con los derechos humanos y, desde luego, con la Constitución, afirmó la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, Mónica González Contró.
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