Recorre un fantasma México: el de la corrupción. Dicen que no existe, pero se siente su presencia, el caso de SEGALMEX es una muestra.
TEXTUAL-es
J. Adalberto Villasana
El fantasma de la corrupción
Un fantasma recorre México, el de la corrupción. Dicen que no existe, pero se habla de ello, el caso de Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX) es una muestra.
Y otro caso y otros datos: el 98% de las compras realizadas por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) no están disponibles en el Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas (EDCA), lo que impide contar con datos sobre el número y nombre de los proveedores participantes. Además, 53% de las compras no cuentan con un enlace funcional a la documentación.
En 2021 el Instituto Nacional de Cancerología (INCAN) no publicó la documentación completa de las 64 licitaciones públicas que realizó. Además, entre 2020 y 2021 aumentó el porcentaje de contratos del IMSS sin publicación en el EDCA, de 35% a 61%.
Al revisar el Índice de riesgos de corrupción 2022 publicado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO), encontramos que cuatro de cada 10 pesos en compras públicas se gastó a través de procedimientos sin competencia: en 2021, 41% del monto total fue adjudicado directamente y 4% a través de invitaciones restringidas.
Además, las instituciones federales incumplieron las leyes de contrataciones al adjudicar más de 9 mil millones de pesos a proveedores riesgosos como empresas fantasma, sancionadas y de reciente creación.
Y el 29% de las instituciones federales aumentaron su puntaje de riesgo de corrupción en las compras públicas respecto a 2020.
Recordemos que el Gobierno Federal declaró la lucha anticorrupción como una de sus principales banderas, pero las acciones y resultados para atender un fenómeno complejo han sido insuficientes.
El IMCO) desarrolló el Índice de Riesgos de Corrupción (IRC), un análisis que monitorea de manera oportuna, efectiva y accesible las prácticas de riesgo de corrupción en las compras públicas de más de 260 instituciones de la Administración Pública Federal (APF), a través de 27 indicadores de competencia, transparencia y cumplimiento de la ley.
Se detectó que en materia de competencia el 41% del monto gastado en compras públicas por el Gobierno Federal fue a través de adjudicaciones directas, proceso que limita la competencia. El 83% del monto gastado en compras por Liconsa se asignó mediante procedimientos de excepción (adjudicaciones directas e invitaciones restringidas). Las compras públicas del Banco del Bienestar también se caracterizaron por procedimientos sin competencia: 89% del monto contratado se adjudicó directamente.
Y en transparencia: Una de cada tres licitaciones públicas incumplió con la publicación de uno o más documentos.
Finalmente en cumplimiento de la ley: Las instituciones federales adjudicaron 9 mil 797 millones de pesos a empresas de reciente creación, 35 millones a proveedores sancionados por la Secretaría de la Función Pública, y un millón 800 mil pesos a empresas fantasma.
Textualmente hay que decirlo: Hay poca transparencia en las compras de algunas instituciones de salud. Aprovechar los datos de compras públicas para identificar y mitigar las prácticas de riesgo de corrupción. El fantasma de la corrupción recorre México.
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