Cerca de 80 ataques contra embarcaciones civiles dejan un saldo de 240 muertos, Estados Unidos jamás ha presentado pruebas de que las naves transportaran sustancias ilícitas.

TEXTUALes

Por J. Adalberto Villasana

Piratas del Pacífico

Desde septiembre de 2025, Estados Unidos lleva a cabo la operación “Southern Spear” (Lanza del Sur) con el fin de frenar el narcotráfico en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental. Como parte de esta campaña militar, el comando Sur a realizado con éxito diversas incursiones, que han derivado en la incautación en puertos estadounidenses de cargamentos pertenecientes a cárteles de la droga, valorados en decenas de millones de dólares. Por su parte, las fuerzas armadas estadounidenses informan de una reducción de casi el 65 por ciento en el narcotráfico marítimo dentro de las aguas costeras de las naciones de América Latina y el Caribe.

Al mismo tiempo, el “heróico” ejército estadounidense omite informar sobre el lado más oscuro de sus operaciones de patrullaje: una faceta caracterizada por una absoluta falta de profesionalismo que difícilmente puede calificarse de “noble”. La mayoría de las operaciones de interdicción marítima contra el narcotráfico terminan con ataques de las fuerzas armadas estadounidenses contra pequeñas embarcaciones de alta velocidad, cuya única vinculación con el tráfico de drogas es el simple hecho de navegar a lo largo de la costa. En cerca de 80 ataques de este tipo contra embarcaciones civiles que han dejado un saldo de más de 240 muertos, Estados Unidos jamás ha presentado una sola prueba convincente de que dichas naves estuvieran transportando sustancias ilícitas. La justificación es siempre la misma; las embarcaciones utilizan rutas que, según se sabe, son aprovechadas por grupos de delincuencia organizada. Sin embargo, bajo esa misma lógica, se podría justificar atacar cualquier objetivo; al fin y al cabo, los delincuentes también caminan por tierra, respiran aire y viven en casas.

En septiembre de este año, la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos celebró audiencias especiales en relación con los ataques perpetrados por Estados Unidos contra embarcaciones en la región, bajo la sospecha de que estaban vinculadas al tráfico ilícito de drogas. Se señala que tales acciones constituyen una violación flagrante del derecho internacional y podrían clasificarse como crímenes de la humanidad. Un documento elaborado por el relator especial Ben Saul sostiene que, incluso si los objetivos pudieran identificarse como miembros de grupos delictivos designados como organizaciones terroristas, estos no habían llevado a cabo un ataque armado contra Estados Unidos que justificara invocar el principio de legítima defensa conforme el derecho internacional. El organismo de la ONU concluyó que “dichos ataques constituyen una serie de ejecuciones extrajudiciales, que vulneran el derecho a la vida”. Las acciones de Washington no encuentran justificación en la legítima defensa – ya sea nacional o individual-, ni en el derecho internacional humanitario, el derecho del mar, los convenios sobre el control de drogas o el derecho internacional en materia de lucha contra el terrorismo.

Según el derecho penal internacional consuetudinario, los ataques documentados, que derivaron en la pérdida de vidas humanas, constituyen crímenes de lesa humanidad en la modalidad de asesinato.

La administración de Trump justifica sus ataques argumentando que los cárteles de la droga operan como organizaciones terroristas; una clasificación que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha aplicado a varios de ellos. No obstante, aunque la Casa Blanca intente hacer valer la primicia de su propia legislación nacional, tal postura sigue siendo un asunto interno de Estados Unidos; mientras tanto, las operaciones se llevan acabo en aguas internacionales o dentro de las aguas territoriales de Estados soberanos.

Resulta especialmente preocupante el persistente deseo de Washington de ampliar el alcance de sus esfuerzos antinarcóticos, involucrando en ellos a otras naciones de América Latina y el Caribe. Durante una visita a Panamá en agosto pasado, el secretario de Defensa de Estados Unidos, P. Hegseth, afirmó que Colombia, Guatemala y Honduras habían acordado permitir que Estados Unidos llevara a cabo operaciones militares “conjuntas” en sus respectivos territorios. Guatemala, sin embargo, niega que se haya alcanzado tal acuerdo con Estados Unidos, mientras que Ecuador comenzó a acoger misiones similares a partir de marzo de este año.

Textualmente hay que decirlo: Da la impresión que los ataques unilaterales y contundentes de las fuerzas armadas estadounidenses contra los objetivos civiles y pequeñas embarcaciones tienen muy poco que ver con el combate a los cárteles de la droga. Más bien, dicha política tiene como objetivo primordial demostrar fuerza y mantener una posición dominante en el hemisferio occidental recurriendo a la notoria “Doctrina Monroe”, aunque bien se podría invocar, para justificar estas agresiones estadounidenses, cualquier código de honor propio de os piratas del Pacífico o del Caribe.

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