Ciudad de México a 26 de octubre de 2026 . – “Hoy desde esta tribuna presento una iniciativa, ante el Congreso de la Unión, que nos obliga a mirar de frente una de las preguntas más difíciles de la existencia humana: ¿quién debe decidir sobre nuestra propia vida cuando una enfermedad irreversible y, un sufrimiento insoportable, colocan a una persona ante el final de su existencia?

Sé que no es una pregunta sencilla la cual no admite respuestas superficiales, ni puede resolverse mediante prejuicios, dogmas o consignas.

Porque detrás de esta discusión hay personas, familias, pacientes que enfrentan enfermedades graves o terminales. Y existen seres humanos que desean ser escuchados, cuando más necesitan que su voluntad sea respetada”.

Lo anterior fue señalado por la coordinadora de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente, diputada Diana Sánchez Barrios al presentar la iniciativa que propone reformar la Ley General de Salud y el Código Penal Federal, para avanzar hacia un marco jurídico que reconozca la muerte digna, proteja la autonomía personal y regule la eutanasia bajo condiciones estrictas, con garantías médicas, controles institucionales y plena protección contra cualquier forma de abuso.

Lo anterior lo apuntaló al decir que proteger la vida no debe significar ignorar el dolor. Y defender la dignidad humana no puede consistir en imponer una única manera de enfrentar la muerte.

Es así como dijo “la pregunta que debemos hacernos no es si la vida tiene valor. ¡Por supuesto que lo tiene! La pregunta es, si ese valor nos autoriza a sustituir siempre la voluntad de las personas por la decisión del Estado, de las instituciones, de la Iglesia, de la familia o de terceros.

Asimismo, se cuestionó ¿Puede una sociedad considerarse plenamente libre sí reconoce el derecho a decidir cómo vivir, pero niega la posibilidad de decidir, ¿cómo afrontar el final de la propia vida?

La legisladora dio respuesta a su interrogante “La autodeterminación es fundamental para la dignidad humana. Significa reconocer que cada persona es protagonista de su propio proyecto de vida y que sus decisiones, merecen respeto. Este principio debe acompañarnos, también, al final de la vida”.

Dejó en claro que no se habla de obligar a nadie a morir, de abandonar a los enfermos, de sustituir los cuidados médicos, por una salida fácil frente al sufrimiento.

“Estamos hablando, dijo, de reconocer una posibilidad excepcional, solicitada voluntariamente por la propia persona, cuando concurran circunstancias médicas graves y se cumplan los requisitos establecidos por la ley”.

Sobre la iniciativa agregó “esta parte de una concepción progresista: el Estado debe proteger a las personas, no imponerles una concepción de lo que significa vivir dignamente. Por eso, esta propuesta plantea un marco jurídico claro, responsable y verificable. Se establecen requisitos rigurosos de consentimiento libre, informado, consciente y reiterado; evaluaciones médicas independientes; mecanismos de supervisión; protección frente a la coacción; posibilidad de revocar la solicitud en cualquier momento y consecuencias penales para quienes actúen fuera de los procesos legales.

Por otro lado, comentó que nadie debe solicitar la eutanasia porque carece de atención médica, o porque no puede pagar sus tratamientos, ni porque vive en abandono, o porque considere que su existencia representa una carga.

Sobre este punto señaló “la justicia social, también, consiste en garantizar que nadie sea empujado a tomar una decisión irreversible por la desigualdad. Por ello, el reconocimiento de la autonomía, debe ir acompañado del fortalecimiento de los cuidados paliativos, del acceso a medicamentos, de atención psicológica y de acompañamiento integral al final de la vida.

Finalmente, dijo a sus pares en el Congreso capitalino  “La reforma a la Ley General de Salud es necesaria para eliminar la prohibición de la eutanasia y del suicidio asistido.

El derecho a la salud consiste, en garantizar la calidad de vida, la autonomía, el alivio del sufrimiento, el consentimiento informado y la dignidad humana”.

Insistió en que la reforma al Código Penal busca delimitar, con precisión, cuando la eutanasia realizada por personal de salud autorizado, quede excluida de cualquier responsabilidad penal.

Desde tribuna reconoció que el objetivo de esta iniciativa es el abrir un debate legislativo, plural y responsable, con evidencia médica, rigor jurídico y sensibilidad humana. “Legislemos sin miedo, sin dogmatismos, sin discriminaciones y sin indiferencia. Pongamos en el centro a las personas, sus derechos y su libertad. Porque debemos proteger, acompañar, aliviar el sufrimiento y respetar la autonomía personal”.