Palabras Más

¡Justicia para Roxana!

La pasión es el combustible que

impulsa todas nuestras acciones

Alexander Pushkin

Arturo Suárez Ramírez / @arturosuarez

Las semanas transcurren en este sexenio del segundo piso de la 4T. A ciencia cierta, nadie sabe de qué se trata. Aunque hay un golpe de timón en la estrategia de seguridad implementada por López Obrador —que conste que responde más a la presión de Estados Unidos que a una verdadera convicción—, prometieron pacificar al país y estamos lejos, muy lejos de que eso suceda. Aunque les cause escozor en Palacio Nacional y aunque les gane la arrogancia, como ocurre con la gobernadora de Veracruz.

Y es que hay estados donde la violencia dejó de ser un episodio para convertirse en el paisaje cotidiano. La crisis ya no admite titubeos, sino resultados, porque los ciudadanos siguen siendo víctimas de la delincuencia. Los discursos bonitos no bastan; tampoco las salidas fáciles frente a las preguntas de la prensa. Ahí está Veracruz, un estado marcado por la violencia desde hace años. Quizá no sea el único, pero sí uno de los principales focos rojos del país y una de las entidades más peligrosas para ejercer el periodismo, donde un comando puede sacar a una persona de su domicilio y pasar días, incluso semanas, sin que se sepa nada de ella.

Ahí queda el secuestro y posterior asesinato de la periodista Roxana Guzmán. Una tragedia que, estimado lector, da coraje, mucho coraje. Su caso volvió a exhibir la fragilidad del Estado frente al crimen organizado. Pero lo peor es la presunta participación de elementos de la policía en el secuestro y la ejecución. Quienes deberían proteger a los ciudadanos terminan, presuntamente, colaborando con las bandas criminales que asedian la entidad. Eso genera una absoluta sensación de indefensión e impunidad.

¿Entonces quién nos cuida? La detención de algunos de los presuntos responsables representa un avance, sí, pero no devuelve una vida, no mitiga el dolor de una familia ni borra la incapacidad del Estado para prevenir un crimen como éste, pese a que esa ha sido una de las principales promesas de quienes hoy gobiernan.

Después vino la falta de sensibilidad de la gobernadora, la misma que hoy viaja en camionetas machuchonas, de esas que tanto criticaba el Pejelagarto cuando era oposición; vehículos blindados a los que los reporteros ni siquiera pueden acercarse. Sin que hubieran concluido las investigaciones, aseguró que los ataques “no tienen relación con el ejercicio periodístico”. Esa afirmación no sólo contradice los protocolos nacionales e internacionales para investigar agresiones contra periodistas; también envía un mensaje profundamente desafortunado. Cuando el poder descarta una línea de investigación antes que la propia Fiscalía, la justicia deja de ser una búsqueda para convertirse en una narrativa política, en un intento por corregir con saliva lo que no se hace con acciones.

No son opiniones de esas que tanto incomodan al oficialismo; son datos contundentes. Veracruz encabeza desde hace años la lista negra de la violencia contra la prensa. Artículo 19 documenta 33 periodistas asesinados en la entidad desde el año 2000, durante gobiernos del PRI, del PAN y ahora de Morena. Es la cifra más alta del país. A nivel nacional, en ese mismo periodo, 177 comunicadores han sido asesinados y la impunidad alcanza un escandaloso 98 por ciento.

Con esas estadísticas, cualquier intento por restarle importancia a un nuevo crimen no sólo resulta desafortunado; constituye una falta de respeto para las víctimas, sus familias y un gremio que sigue ejerciendo el periodismo bajo amenaza permanente.

Gobernar también implica asumir la realidad, por incómoda que sea. La violencia no desaparece porque se minimice desde un micrófono. Al contrario, cada vez que una autoridad niega la dimensión del problema, las víctimas quedan dos veces abandonadas: primero por los criminales y después por el Estado… pero mejor ahí la dejamos.

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