Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de marzo 2026. – Ante el grave riesgo que enfrentan habitantes de Guadalajara por el suministro y consumo de agua contaminada, el diputado federal Carlos Palacios Rodríguez presentó sendas denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección del Medio Ambiente (PROFEPA), la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Lo anterior, subrayó legislador de Morena, debido a la vulneración masiva al derecho humano a la protección de la salud, al derecho  al agua en condiciones salubres, al saneamiento y al derecho a un medio ambiente sano, a los que tienen derecho los tapatíos.

El diputado federal jalisciense solicitó que se inicie de manera inmediata una evaluación federal de riesgo sanitario sobre la calidad del agua para uso y consumo humano distribuida en Guadalajara y en las colonias reportadas como afectadas, mediante visitas de verificación, muestreos extraordinarios y análisis de laboratorio.

Sostuvo que la información pública disponible, los testimonios vecinales y las denuncias ciudadanas refieren que desde 2025 y con mayor intensidad en las semanas recientes, cientos de familias han recibido agua turbia, amarillenta, con olores fétidos y con características incompatibles con un servicio de agua salubre, aceptable y seguro.

Ante dicha situación de riesgo para la salud de los tapatíos es imperioso, dijo, se ordene la práctica urgente de pruebas físicas, químicas, microbiológicas y de cualquier otra naturaleza que resulten procedentes en fuentes de abastecimiento, plantas potabilizadoras, red de distribución y tomas domiciliarias, con difusión pública, clara y accesible de sus resultados.

Palacios Rodríguez dijo que, de manera específica, se han documentado quejas colectivas de habitantes de colonias como la Moderna y de otros puntos de la ciudad por el suministro deficiente del servicio y por la presunta presencia de contaminantes que comprometen la salud de la población usuaria.

Por ello, expuso, es necesario se implementen, de manera preventiva, las medidas de seguridad sanitaria que resulten procedentes conforme a la Ley General de Salud, incluyendo lineamientos de consumo seguro, restricciones de uso cuando exista riesgo, protocolos de desinfección, abastecimiento alternativo y comunicación oficial de riesgos a la población.

Agregó que de acuerdo con especialistas de la Universidad de Guadalajara hicieron público, el 18 de marzo de 2026, que existen reportes de mala calidad del agua en al menos 150 colonias del Área Metropolitana de Guadalajara, con llamados expresos a no consumirla y a utilizar agua embotellada o de garrafón, en tanto no exista información oficial suficiente y verificable sobre los riesgos sanitarios involucrados.

Comentó que desde la perspectiva constitucional y legal, no se trata de una falla administrativa menor, sino de una grave omisión o tardanza institucional frente a un deterioro súbito del ambiente que ponga en peligro inminente a la población activa.

Por ello, pidió el morenista, se debe establecer de inmediato una coordinación interinstitucional con la Secretaría de Salud, la autoridad sanitaria estatal, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco, la CONAGUA, el SIAPA y los municipios involucrados, a efecto de identificar la fuente de contaminación, contener sus efectos, corregir fallas estructurales y deslindar responsabilidades.

Además, abundó, se violentan los supuestos de los artículos 181, 182 y 183 de la Ley General de Salud para la adopción de medidas extraordinarias de prevención, control y, en su caso, la declaratoria por parte de la autoridad competente.

En esa lógica, el Estado mexicano no puede normalizar que niñas, niños, personas adultas mayores y familias enteras abran la llave de sus hogares y reciban agua que no pueden beber, utilizar para preparar alimentos ni emplear con seguridad en su higiene materia sanitaria, la demora también genera daño.

Por ello, pidió el moreneista, se debe establecer de inmediato una coordinación interinstitucional con la Secretaría de Salud, la autoridad sanitaria estatal, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco, la CONAGUA, el SIAPA y los municipios involucrados, a efecto de identificar la fuente de contaminación, contener sus efectos, corregir fallas estructurales y deslindar responsabilidades.

Además, abundó, se violentan los supuestos de los artículos 181, 182 y 183 de la Ley General de Salud para la adopción de medidas extraordinarias de prevención, control y, en su caso, la declaratoria por parte de la autoridad competente. En esa lógica, el Estado mexicano no puede normalizar que niñas, niños, personas adultas mayores y familias enteras abran la llave de sus hogares y reciban agua que no pueden beber, utilizar para preparar alimentos ni emplear con seguridad en su higiene materia sanitaria, la demora también genera daño.