Ciudad de México,  24 de febrero de 2026. – La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), maestra Rosario Piedra Ibarra, llamó a reconocer las necesidades particulares de las personas mayores en reclusión y asegurarles atención especializada y condiciones dignas de estancia, durante la presentación del Pronunciamiento sobre el deber del estado de garantizar los derechos humanos de las personas mayores privadas de la libertad y la adopción de medidas preventivas frente al envejecimiento de la población penitenciaria.

Indicó que el documento observa la imperante necesidad de prestar especial atención a este grupo poblacional penitenciario, toda vez que existe una deuda con dichas personas y su situación constituye un reto tanto para el Estado mexicano como para los organismos de defensa de Derechos Humanos en materia de adopción de medidas preventivas, diferenciadas y ajustes razonables, desde una perspectiva gerontológica, de derechos humanos, género e interseccionalidad.

Aseveró que el envejecimiento no es sinónimo de enfermedad, sino un estado que requiere un enfoque activo para mantener autonomía e independencia, lo que representa un desafío mayor para los sistemas penitenciarios de todo el país que corren el riesgo de convertirse en espacios de vulneración de los derechos de quienes envejecen en reclusión, por lo cual el Pronunciamiento solicita no solo enfocarse en la población mayor, sino en prever el envejecimiento progresivo de la población penitenciaria.

En el Centro Nacional de Derechos Humanos (CENADEH) “Rosario Ibarra de Piedra”, explicó que los Diagnósticos Nacionales de Supervisión Penitenciaria (DNSP) realizados por esta Comisión entre 2020 y 2024 contienen varias propuestas para garantizar los derechos de las personas adultas mayores en reclusión; al tiempo que identificó cuatro grupos de atención: a) la población adulta en vías de pasar a persona mayor; b) el de las personas mayores que se encuentran en prisión preventiva, que recibieron o están por recibir una sentencia; c) las personas mayores que están próximas a compurgar sus penas y d) las personas mayores que afrontan largas sentencias.

Durante el acto, al que también asistieron, de forma presencial y virtual, los titulares de las subsecretarías y sistemas penitenciarios en las 32 entidades federativas, además del sistema penitenciario federal y militar, personas legisladoras y representantes de comisiones estatales de Derechos Humanos, indicó que el documento establece la construcción de un Programa de Trabajo para atender las condiciones de vida de las personas mayores privadas de libertad y coadyuva en la implementación de acciones a corto, mediano y largo plazo con enfoque gerontológico.

En este sentido, resaltó la elaboración de una Guía de identificación, seguimiento y atención para casos de maltrato, abandono, discriminación o negligencia institucional hacia personas mayores en prisión, especialmente cuando se trate de mujeres o personas con discapacidad; además de la instalación de una mesa que dé seguimiento a la atención de las condiciones de estancia de las personas mayores privadas de libertad en las diferentes prisiones del país.

Por su parte, la directora general y encargada del despacho de la Tercera Visitaduría General de la CNDH, Nestora Salgado García, indicó que existen diversas áreas de oportunidad en esta materia, que fueron detectadas a partir del análisis de la información recabada durante las supervisiones realizadas y destacó que el Pronunciamiento constituye una posición institucional firme ante a una realidad que ya está aquí: el envejecimiento progresivo de la población penitenciaria en México.

Detalló que, de acuerdo al DNSP 2023, en 264 centros estatales supervisados se registró una población de 213,233 personas privadas de la libertad de las cuales identificó a 7,668 personas mayores y en los 14 centros federales supervisados se contabilizó una población de 19,794 personas privadas de la libertad de las cuales 511 son personas mayores y que detrás de estas cifras hay una historia de enfermedad crónica, dependencia funcional, aislamiento, abandono familiar, barreras arquitectónicas y falta de atención especializada, entre otros aspectos.

Ante ello, apuntó, la CNDH propone 6 rutas de transformación: 1) el diagnóstico individual y valoración médica integral para la personas mayores privadas de la libertad; 2) la adaptación progresiva de infraestructura bajo estándares de accesibilidad universal; 3) la aplicación de mecanismos alternativos de atención para personas mayores en condición de vulnerabilidad; 4) la implementación obligatoria de protocolos de cuidados paliativos y atención a los padecimientos crónicos degenerativos; 5) la capacitación especializada del personal penitenciario, y 6) la creación de indicadores públicos de evaluación anual.

En su oportunidad, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Yoloctzin Lizbeth Domínguez Serna, consideró que el documento presentado hoy pone sobre la mesa una realidad que ha permanecido invisible y ante la cual se deben establecer medidas para que las personas adultas mayores privadas de su libertad no sean abandonadas ni sometidas a un trato indigno y, en ese sentido, subrayó, el Pronunciamiento de la CNDH recuerda a todos que el Estado debe reforzar los derechos humanos en los establecimientos carcelarios.

El subdirector jurídico del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, Edgar Olivares Agustín, dijo que esa institución busca asegurar que la normatividad se aplique bajo una perspectiva gerontológica, eliminando las barreras que profundizan las desigualdades en el encierro, trascendiendo la visión de la vejez como un simple deterioro y abordando fenómenos como los síndromes geriátricos y la atención a las mujeres privadas de la libertad. Finalmente, el director general del Instituto Federal de la Defensoría Pública, magistrado Benjamín Rubio Chávez, afirmó que la justicia sin defensa no es justicia, por eso en las instituciones requerimos personas defensoras de derechos humanos valientes y estudiosas, con capacidad para romper todas las barreras que se presentan día con día. Manifestó su apoyo y acuerdo con las directrices que apunta el Pronunciamiento de la CNDH porque, expresó, se tiene que actuar desde todas las instituciones.