México es pionero en legislar y tipificar la violencia política de género. Desde 2020, se reconoce legalmente como delito, y se crearon protocolos para prevenirla y sancionarla. Sin embargo, en la práctica las agresiones persisten, especialmente en ámbitos locales y comunitarios, donde las mujeres enfrentan amenazas, exclusión y presión para renunciar.

Las candidatas indígenas, afrodescendientes y trans son especialmente vulnerables. La violencia simbólica y mediática contra mujeres en cargos públicos sigue siendo frecuente.

México es un espejo dual: por un lado, un país que nombra y enfrenta esta violencia pero de manera simultánea, un territorio donde la impunidad y la normalización aún la perpetúan.

¿Qué es la violencia política de género?

Es toda acción u omisión que, por razones de género, busca menoscabar o anular los derechos político-electorales de las mujeres. Esto incluye desde impedir su participación en procesos electorales, hasta hostigarlas, desacreditarlas o agredirlas por ejercer cargos públicos.

Se manifiesta cuando:

* Se agrede a una mujer por el hecho de ser mujer.

* Se le impide ejercer su cargo o se le presiona para renunciar.

* Se le ridiculiza, invisibiliza o desacredita en función de estereotipos de género.

* Se le amenaza, acosa o violenta física, simbólica, económica o psicológicamente.

Es una violencia antigua, pero antes no se reconocía como tal. Las mujeres enfrentaron obstáculos, burlas, exclusiones y agresiones en el ámbito político desde siempre. Lo que ha cambiado es que ahora se nombra, se documenta y se combate. El lenguaje jurídico y social evoluciona para visibilizar lo que antes se consideraba “normal” o “parte del juego político”.

Afecta principalmente a mujeres que participan en política: candidatas, funcionarias, activistas, periodistas, líderes comunitarias. Pero también afecta a toda la sociedad, porque perpetúa un sistema que excluye voces femeninas, debilita la democracia y reproduce desigualdades estructurales.

¿Por qué debe comunicarse y combatirse?

Porque nombrarla es el primer acto de justicia. Comunicarla:

1. Visibiliza patrones de exclusión y agresión.

2. Protege a quienes la enfrentan.

3. Genera conciencia colectiva.

4. Fomenta reformas legales y culturales.

Combatirla es un acto de reparación histórica. Implica transformar las estructuras que la permiten, garantizar condiciones equitativas de participación y reconocer el valor simbólico y político de la voz femenina en el espacio público.

Es urgente hablar de esto porque cada agresión política contra una mujer es un intento de borrar su voz del espacio público.

Acusación contra Giovanni Gutiérrez, alcalde de Coyoacán

En octubre de 2025, Esther Rodríguez, concejal del Partido del Trabajo (PT) en la alcaldía Coyoacán, denunció públicamente al alcalde Giovanni Gutiérrez Aguilar por ejercer violencia política en razón de género.

Durante una sesión del Concejo, Rodríguez acusó al alcalde de:

* Ignorar sistemáticamente sus solicitudes, oficios y gestiones, especialmente aquellas dirigidas a la Dirección General de Jurídico y Gobierno.

* Interrumpirla, descalificarla e invisibilizarla en sesiones anteriores.

* Tratarla con desprecio por ser mujer y por no “rendirle pleitesía al poder”.

* Ejercer violencia desde el poder, al excluir, castigar y silenciar a mujeres críticas dentro del Concejo.

Rodríguez exigió la implementación del protocolo para prevenir, atender y sancionar la violencia de género y el acoso sexual en la alcaldía, y cuestionó la autoridad moral del alcalde para hablar de respeto y trabajo en equipo mientras, según ella, vulnera los principios de equidad y dignidad.

Además, otros trabajadores y extrabajadores de la alcaldía han denunciado violencia laboral, amenazas y despidos injustificados por parte del mismo funcionaria.