Yo Campesino

¿Qué pasaría?

Para la 4T el futuro pinta halagüeño ¿Qué pasaría si escuchara a expertos?

Miguel A. Rocha Valencia

De acuerdo con los criterios del paquete fiscal 2026, México crecería entre el 1.8% y 2.8 por ciento, sustentado en la fortaleza del consumo interno y la inversión, la recuperación de la inversión pública y el gasto social, en contraparte las expectativas de organismos internacionales y la encuesta de Banamex, pronostican entre 1.2 y 1.8 por ciento máximo en condiciones favorables.

Como sea y aunque los buenos deseos del presupuesto morenista se cumplieran, lo cual está muy difícil, qué pasaría si a uno de ellos puntales en que descansa el pronóstico oficial no fuera cuestionado como lo es la inversión.

Todos coinciden que para crecer se necesita dinero incluso para cubrir el déficit público que será cubierto con cerca de billón y medio de pesos de deuda adicional para trepar el ´debito “soberano” en los casi 20 billones de pesos, por los cuales deberán pagarse intereses casi similares a los de los empréstitos autorizados en el paquete 2026, donde no hay estimaciones de las posibles inversiones privadas para ese ciclo.

Para este año de plano no se alcanzaron las ambiciones del paquete 2025 ya que las estimaciones del Banco Mundial, el Banco de México, la OCDE y BBVA, el crecimiento será de entre 0.5 por ciento 0.8 por ciento, influenciados por la incertidumbre legal y comercial provocada por reformas legales en México y las políticas arancelarias en Estados Unidos, a lo cual se agregará una esperada desaceleración global.

Claro, México tiene una gran cantidad de oportunidades que a poco se van agotando gracias a su posición estratégica en las “cadenas de valor globales” que lo ubican como punto ideal de relocalización de empresas de todo tipo, especialmente internacionales.  

Es decir que para alcanzar objetivos de crecimiento como afirman los mismos inversores a través de encuestas y organismos globales, les hace falta una certidumbre legal que hasta hoy parece negárseles a cada reforma que se plantea desde el oficialismo.

Lo mismo empresarios nacionales e internacionales quienes a cambio de esa estabilidad legal, ofrecen mucho dinero para infraestructura y consolidación de empresas especialmente en el área de manufacturas.

Desde hace meses y años, Bank of America, Moody´s y recientemente Fitch Ratings, se han referido al tema y ahora la última señalada apunta que las reformas a la Ley de Amparo “podrían aumentar el riesgo regulatorio al limitar la capacidad de los tribunales para suspender actos administrativos y restringir las medidas de elegibilidad”.

Dichos cambios a la Ley, dice Fitch, afectarían a una amplia gama de actividades económicas y reducirían la previsibilidad de las empresas que dependen de permisos, autorizaciones y concesiones, con posibles implicaciones crediticias negativas que se evaluarían caso por caso.

Menciona entre otros sectores que estarían expuestos los de “de energía, transporte, telecomunicaciones, minería e infraestructura social” son los más expuestos”, indicó la calificadora de riesgo.

Además, la calificadora anotó que en una eventual aprobación “dejaría a los emisores, cuyos modelos de negocio dependen de permisos y autorizaciones gubernamentales, más vulnerables a fricciones con las autoridades y con menos protecciones”, sobre todo ahora que desaparecieron organismos autónomos regulatorios y asimiló sus funciones el gobierno central.

Eso es a lo que temen los inversionistas quienes ya lo han hecho saber al gobierno que al principio mostró cierta atención y dijo que analizaría el tema de las reformas, pero no es así y avanzan contra toda lógica empresarial.

De tal suerte que las palabras de Marcelo Ebrard en cuanto a las expectativas se quedan como una más de las buenas intenciones que podrían hacerse realidad si en algún momento las reformas mostraran una lógica frente a las posibilidades de crecimiento económico con lo cual habría más dinero circulando, se apuntalaría el ingreso de impuestos y obvio, se tendrían recursos para inversión, pagar intereses y disminuir el déficit y la deuda.

Lo más curioso es que tanto en Hacienda como en Economía seguramente conocen todos esos argumentos y alternativas, pero… Un ejemplo está en camino en el caso de Samsung que piensa cerrar operaciones en México si el litigio fiscal con el SAT le es adverso y en el cual la empresa considera que les están cobrando doble. El tema será resuelto seguramente por la Corte y algún tribunal de alta jerarquía, pero no habrá amparo.