Ciudad de México, a 9 de julio. – Si los Estados Unidos no asumen un rol activo y coherente en frenar la producción y el comercio de armas, toda acción civil se verá desbordada, por ello, el Estado mexicano debe insistir en la corresponsabilidad internacional para frenar el comercio ilícito de armas hacia nuestro país pues “mientras haya un arma más en manos del crimen, habrá un derecho menos garantizado para la ciudadanía”, aseguró el doctor en Derecho, José Guadalupe Medina Romero, profesor de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UNAM.

Armas que cruzan fronteras, derechos que se desvanecen por lo que México está ante el reto del tráfico de armas en el Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, expuso el catedrático de la UNAM.

Esta efeméride no es sólo una jornada simbólica, es un llamado urgente para frenar el ciclo de violencia alimentado por la proliferación descontrolada de armas, afirmó.

En el caso mexicano, subrayó, este problema adquiere una dimensión particularmente crítica ya que la violencia armada está íntimamente relacionada con el tráfico ilícito de armas procedente de Estados Unidos, configurando una grave violación estructural a los derechos humanos de millones de personas.

Hablar de armas ilegales en México es hablar de desapariciones forzadas, desplazamientos internos, asesinatos de periodistas, feminicidios y masacres en comunidades indígenas, añadió.

Más del 70% de las armas recuperadas en escenas del crimen en México provienen del mercado estadounidense, muchas de ellas adquiridas legalmente en estados del sur de ese país y traficadas ilegalmente a través de la frontera, recordó.

Argumentó, el Doctor en Derecho de la UNAM, que esta realidad no sólo refleja un problema de seguridad pública, sino un fenómeno que mina sistemáticamente el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad y al acceso a la justicia.

“Como profesor de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la UNAM, puedo afirmar que este escenario exige un enfoque desde el corpus iuris internacional de los derechos humanos. La pasividad o inacción frente al tráfico de armas no puede entenderse sino como una omisión que viola la obligación de garantizar la seguridad y la vida digna de la población”, dijo.

México ha suscrito instrumentos internacionales como el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA), pero su eficacia depende de la cooperación bilateral y del compromiso real de países como Estados Unidos para frenar la venta indiscriminada de armas que terminan alimentando la violencia en nuestra región.

En este contexto, la demanda interpuesta por el Gobierno de México en 2021 contra fabricantes de armas estadounidenses marca un precedente jurídico e histórico sin igual, comentó.

Se trata, aseguró, de un intento de hacer responsable a la industria armamentista por sus prácticas negligentes que permiten el desvío masivo de armamento hacia cárteles y grupos criminales.

Además, desde la ciencia jurídica, este caso debe analizarse bajo los principios de responsabilidad empresarial, debido proceso y justicia transnacional. Las actividades que organizaciones como Oxfam, Amnistía Internacional o la Red Internacional de Acción sobre Armas Pequeñas realizan —recolección y destrucción de armas, conferencias, campañas de sensibilización— son fundamentales pero como se ha denunciado reiteradamente, si los Estados Unidos no asumen un rol activo y coherente en frenar la producción y comercio de armas, toda acción civil se verá desbordada, opinión.