24 octubre, 2025•By Adalberto Villasana Miranda
Miguel Ángel Rocha. Yo campesino.
Yo Campesino
Los números
Urge inversión privada, pero hay temor por marco legal y amparo
Miguel A. Rocha Valencia
La economía continúa contrayéndose a causa de la inactividad de la industria que disminuyó tres por ciento y con eso liga siete meses a la baja, lo cual son malas noticias para el PIB que de acuerdo al Inegi, podría llegar a solo 0.7 por ciento.
Lo anterior son números como el hecho de que, por lo anterior, en septiembre, todo el sector industrial marcara una caída del 0.6 por ciento confirmando la debilidad de la economía a la que le hace falta con urgencia la inversión privada.
Esa inversión que fue llamada por la secretaría de Energía en base a proyectos por más de cuatro billones y medio de pesos, pero que no sueltan los mexicanos y los extranjeros asumen resistencias derivadas como lo han dicho abiertamente, por su desconfianza en el marco legal y quien lo administra.
Para el dinero, las reformas legales en especial en el tema judicial y en la Ley de Amparo, provoca la reticencia de los inversionistas nacionales y extranjeros quien ven en los casos de Iberdrola y la rama ferroviaria de Grupo México, motivos para desconfiar alegando que no existe certidumbre legal, aunque en el discurso se les diga que no hay problema y sus recursos están garantizados, así como las concesiones que de ahí se deriven, como afirma el titular de Economía, Marcelo Ebrard.
Frente a ello, las ofertas de inversión que sumarían entre nacionales y extranjeros más de 300 mil millones de dólares, salen a cuentagotas y no acaban de consolidarse en los temas de infraestructura en telecomunicaciones, ferrocarriles, energía y construcción, ya que el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), no hay certidumbre y el gobierno no pone su parte.
El Instituto deja en claro que el Plan México, estrategia insignia del gobierno federal para detonar el crecimiento y desarrollo regional, no podrá cumplirse sin incrementar de forma sustancial la participación de la inversión privada en sectores clave como energía, agua y transporte.
De acuerdo con el análisis del organismo, el Plan México prevé inversiones por 5.3 billones de pesos entre el 2025 y el 2030, lo que implicaría un promedio anual de 891,000 millones de pesos en recursos y frente a ello el Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2026 solo contempla 525,000 millones de pesos para proyectos vinculados al plan, es decir, el gasto previsto para el 2026 representa una brecha de 41% respecto al promedio anual requerido para cumplir con lo previsto en la estrategia.
Esos recursos adicionales tendrían que salir del sector privado, pero nadie alza la mano apuntando que ese es el tema: que se les invite a invertir y al mismo tiempo no se atiendan los reclamos del sector privado nacional y extranjero en torno a la desconfianza en las reformas legales y ahora más con los ajustes al amparo al que se recurría en casos de controversias con la autoridad.
El ejemplo que se pone es el de los tramos de ferrocarril concesionados a Grupo México en el Sur y que le fueron retirados por la anterior administración que los incluyó el proyecto del transístmico.
De hecho todos los proyectos de construcción realizados durante el sexenio pasado se hicieron con fondos públicos, muchos de ellos a través de la banca pública (Banobras) que incluso actualmente alimenta la conclusión del Tren Maya que ya pasa del billón de pesos.
Frente a todo esto, el IMCO afirma que, dada la restricción presupuestaria y el objetivo de consolidación fiscal, para lograr las metas establecidas en el Plan México será indispensable complementar los recursos federales con inversión privada y esquemas mixtos de colaboración público-privada”, se puede leer en el análisis. Por otro lado y frente a los comentarios en torno al endeudamiento por cerca de 1.8 billones que se autorizó para el próximo año, es bueno aclarar que si se cumple el objetivo de adquirir préstamos para pagar empréstitos vigentes, será beneficioso, especialmente si se recompra deuda colocada al 11 por ciento. La nueva estaría por lo menos cuatro puntos abajo y eso son muchos miles de millones de pesos menos de intereses. Ojalá para eso se pida prestado.
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