Redacción

Esta podredumbre, ha impactado en forma significativa en la educación del país, la cual enfrenta desafíos profundos y uno de ellos es, precisamente, la reciente licitación para la transmisión de canales educativos gestionada por la unidad @prende dentro de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que, ha dejado al descubierto una serie de anomalías que benefician de manera evidente al incúmbete, Grupo W.

Esta firma Grupo W (Com, S.A. de C.V.), mejor conocida como StarGo, con domicilio en calle Galileo No. 50, colonia Polanco IV Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11550, en la Ciudad de México, y portal de Internet http://stargomexico.com/, se especifica, es responsable del uso y protección de datos personales, además, posee las llaves de encriptación necesarias para operar el sistema.

En un contexto donde miles de niñas, niños y adolescentes carecen de acceso efectivo a la educación, maestros afiliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) protestan, y los servicios prometidos no se cumplen, pero sí se cobran, con el surgimiento de una serie de irregularidades que evidencian un sistema viciado por intereses privados que derraman corrupción.

Desde el inicio, los estudios de mercado omitieron señalar la necesidad de visitar los sitios para poner en funcionamiento la red, estableciendo un candado presupuestal que favorece exclusivamente a quienes ya tienen el equipo desplegado en más de 20,000 escuelas.

Una investigación de campo realizada en 30 escuelas ubicadas en distintos estados del país, revela que tan solo una escuela estaba en funcionamiento, lo que pone en evidencia la ineficacia del sistema.

Esto, comprueba que la SEP, de manera cuestionable y engañosa, paga los servicios únicamente con la “demostración” de que las señales son transmitidas, sin garantizar que estas señales sean recibidas en las escuelas, que las televisiones se enciendan o, mucho menos, que los estudiantes aprovechen este servicio educativo.

Según el acta de fallo, disponible en el Portal de Compras Gubernamentales Oficial del Gobierno Federal, el contrato tiene una vigencia hasta el 30 de abril de 2027 y contempla un costo mensual de $174.00 pesos más IVA por aula, lo que representa un gasto público que podría superar los 420 millones de pesos en su máximo estimado.

Sin embargo, diversas voces técnicas y especializadas han cuestionado duramente la racionalidad de este gasto pues en base en información pública que se desprende de la propia documentación puesta a disposición de la ciudadanía de la propia Dirección General, entre agosto de 2021 y enero de 2022 se realizó un diagnóstico que identificó que el 99% de los teleplanteles no contaban con recepción de la señal de la Red Edusat, ya sea por equipos dañados o inexistentes.

Este hallazgo justificó la reactivación del servicio mediante tecnología satelital, incluyendo antena parabólica, LNB y dispositivos de almacenamiento Set Top Box. No obstante, el contrato recién adjudicado (a Grupo W o StarGo) no incluye instalación de equipos ni visitas de campo a las aulas. La prestación actual del servicio se limita al envío de la señal desde las oficinas de Edusat, validado centralmente, sin mecanismos para verificar su recepción ni aprovechamiento en las aulas.

Esto, implica que el costo actual de 174 pesos por aula corresponde únicamente a la emisión de la señal, sin incluir soporte, instalación ni monitoreo en sitio. Al analizar las condiciones del servicio, se advierte que este esquema representa un sobreprecio, pues el proveedor actual es el mismo que instaló los equipos anteriormente, lo que debería implicar una reducción sustancial en el costo.

A ello, se suma que el anexo técnico establece que cualquier nuevo proveedor debería visitar los más de 21,000 planteles en un plazo de 30 días para reprogramar los equipos. Este requisito logístico resulta virtualmente imposible para un nuevo oferente, otorgando una ventaja operativa al proveedor adjudicado.

Actualmente, se transmiten 14 canales de televisión educativa sin que existan indicadores de visualización, aprovechamiento o interacción. No hay una metodología para evaluar el impacto ni la calidad de los contenidos difundidos.

Aunque el fallo ya fue emitido y el contrato se encuentra en miras de formalización, la situación exige una revisión institucional de fondo, orientada a proteger el interés público y garantizar que los recursos beneficien efectivamente a las niñas, niños y adolescentes de México. No se puede seguir permitiendo que la corrupción en el sistema de licitación persista pues no solo afecta los recursos públicos, sino que perpetúa la desigualdad y obstaculiza el desarrollo educativo de generaciones enteras.