Ciudad de México, a 21 de mayo. – Están en juego, con dramática literalidad, la libertad, la propiedad y el resto de derechos fundamentales; y nuestra respetuosa sugerencia es salir a defender la función judicial con todos los medios a nuestro alcance, así sea solamente con votar, expresó Ingrid Tapia, candidata número 30 a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En entrevista con Diario Moneda, a través de la plataforma de Parlamento y Debate, resaltó la importancia de participar en el ejercicio democrático del próximo domingo 1 de junio.

Para Ingris Tapia “este 1º de junio, no elegir no es opción. No votar no es democrático. En palabras del notable Juez Guido Calabresi: El verdadero peligro no está en las malas decisiones, sino en fingir que no decidir es neutral.”, subrayó.

“Un sistema legal no puede funcionar si las personas que gobierna no creen que les pertenece” y, solo por ello, votar es la afirmación de esa pertenencia”, aseguró la doctora en Derecho.

Advirtió sobre los riesgos que enfrenta el Poder Judicial en México y la importancia de elegir a personas preparadas, honestas e independientes en la próxima elección de ministros, magistrados y jueces.

La abogada con 35 años de experiencia en derecho y activismo expuso las razones que la motivan a participar en esta contienda, así como su preocupación por el diseño de la reforma judicial.

Heredera de una vocación de velar por la justicia y la ley, al ser la quinta generación de una familia de abogados, Ingrid Tapia aseguró que su candidatura responde a la necesidad de garantizar un Poder Judicial íntegro ante el peligro que representa la reforma judicial aprobada.

Recordó que durante tres décadas ha defendido los derechos de mujeres y menores víctimas de violencia. “La única ilusión que me hace llegar a la Corte es poder desplazar criterios que son discriminatorios y violan los derechos de las víctimas”, aseguró.

La abogada destacó que el 81% de los mexicanos enfrentará algún asunto judicial en su vida, desde disputas por herencias hasta demandas por deudas o arrendamientos y por eso es importante el papel del Poder Judicial.

En una democracia sana, el voto es mandato y afirmación. Pero cuando la democracia exhibe síntomas de enfermedad, votar es también protesta, vigilancia y memoria activa, enfatizó.

Perfil en la página del INE

INGRID DE LOS ANGELES TAPIA GUTIERREZ

Cargo por el que participa: MINISTRA/O SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Número de lista en la boleta: 30

Grado máximo de estudios: Doctorado. Estatus: Concluido.

Visión de la función jurisdiccional

Se trata de un servicio para la población que obliga al Estado a garantizar el goce de la totalidad de derechos humanos y fundamentales. No es una concesión graciosa ni un obsequio, sino un servicio que se debe prestar sin pretexto alguno, genuina imparcialidad, gratuidad y prontitud. Creo en el derecho como el elemento igualador por excelencia, porque su misión es atemperar las diferencias entre quien todo tiene y el que nada posee.

Visión de la impartición de justicia

Los tribunales han incurrido por décadas en un exceso de formalismos, llegando al punto de negar su acceso a las personas por no sujetarse a ellos. Debemos poner en el centro de la justicia el pesar de cada justiciable. Muy especialmente de las madres de familia y de las niñas y niños a quienes absurdas exigencias procesales les impiden gozar del acceso a un recurso efectivo. Pongo en el centro de mis preocupaciones el derecho a la vida, la familia y a perseguir la felicidad.

Principales propuestas

Propuesta 1:

Emitir sentencias en lenguaje accesible y claro para los destinatarios de las mismas. Breves en extensión, honradas en su decisión y claras en su redacción.

Propuesta 2:

Favorecer que los asuntos puedan resolverse, tal como lo establece la norma constitucional, en breve término, sin que esto implique una lesión a las garantías procesales de las partes involucradas.

Propuesta 3:

Eliminar constructos discriminatorios de las mujeres y los niños, decretar la abierta inconstitucionalidad de criterios o normas que impiden a las madres de familia poner a salvo a sus hijos y a su propia persona, abandonar los criterios que obligan a las mujeres a recibir maltrato bajo el pretexto del derecho de convivencia de los hijos y sustituir el modelo de parentalidad que distribuye inequitativamente los cuidados del hogar y los trabajos asociados a la crianza.

Trayectoria académica Profesora de derecho romano, civil y derecho electoral en diversas universidades por más de 15 años.