La Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES) expresa su desacuerdo con la Ley General en Ciencias, Humanidades, Tecnologías e Innovación aprobada en el Congreso de la Unión la cual resulta discriminatoria y violatoria de lo establecido en el artículo primero de la Constitución.

Es de señalarse que la FIMPES represneta a 113 instituciones privadas que sirven a más de 940 mil estudiantes de profesional y posgrado en México.

El marco legal aprobado sin discusión y sin considerar todos los puntos de vista de la comunidad científica y educativa de México, centraliza la política científica en manos de un Consejo Nacional, cuyo órgano de gobierno estará constituido primordialmente por dependencias gubernamentales, incluyendo a las Secretarías de Defensa y Marina, excluyendo a instituciones de educación superior y líderes de la comunidad científica.

El texto aprobado por el Congreso también es contrario al principio de progresividad, al eliminar la obligación del Estado de invertir al menos el 1% del PIB en ciencia, tecnología e innovación.

Preocupan, de manera particular, las afectaciones directas a las y los estudiantes e investigadores que hacen ciencia en instituciones particulares de educación superior. Bajo la ley aprobada, las becas y los estímulos otorgados por el Estado en el marco del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) sólo serían reservados para aquellas personas adscritas a instituciones públicas. Ello resulta discriminatorio y violatorio de lo establecido en el artículo primero de la Constitución, pero también contradictorio del objetivo primordial perseguido por la norma, que constituye en garantizar a todas las personas el derecho humano a la ciencia.

La ley aprobada también afecta los derechos de las y los estudiantes de México que quieran realizar sus estudios de posgrado en una institución privada, excluyéndoles de los apoyos del Estado por concepto de becas. También excluye a las y los integrantes del SNI adscritos a instituciones privadas de recibir los estímulos que otorga el Estado para la producción científica.

Con la aprobación del dictamen y la votación en el Senado de la Ley General en materia de Ciencias, Humanidades, Tecnologías e Innovación, México se ha perdido la oportunidad de contar con una Ley de consenso, incluyente, respetuosa de los derechos humanos y con visión de futuro, señala la FIMPES.

Para la ciencia y la tecnología se cerró el proceso legislativo con la violación del compromiso de las Comisiones involucradas de realizar un Parlamento Abierto, que hubiera permitido enriquecer la iniciativa con las propuestas de universidades, instituciones de educación superior, investigadores, academias de ciencias, jóvenes estudiando posgrado, los organismos relevantes de los estados, sindicatos, empresas de base tecnológica y organismos de derechos humanos de la sociedad civil. El mismo proceso legislativo lleva a cuestionar la legitimidad de la norma antes de su publicación por el Ejecutivo Federal.

La Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior manifiesta que, al hablar de la investigación científica y humanística, y de la innovación tecnológica, nadie sobra; que el país se puede beneficiar de incorporar las propuestas que han sido presentadas de buena fe al CONACYT, al Foro Científico y Tecnológico, a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y al Congreso durante los últimos años; y, que se deben respetar cabalmente los derechos humanos de investigadores y estudiantes de posgrado en igualdad de condiciones, sin importar si deciden desarrollarse en una institución pública o particular.