En México se debería impulsar el criterio de oportunidad, una figura jurídica considerada en el Artículo 21 de la Constitución, que consiste en la posibilidad de que el Ministerio Público se abstenga de ejercer acción penal, siempre que se hayan reparado o garantizado los daños causados a la víctima u ofendido, recomendaron abogados reunidos por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM y la Universidad de Guanajuato.

Al inaugurar las XXIII Jornadas sobre Justicia Penal, dedicadas este año a Orientaciones para una política criminal integral en el sistema mexicano, la directora del IIJ, Mónica González Contró, expresó que este evento es de larga tradición.

“Se ha convertido en el espacio académico de excelencia para reflexionar, debatir, tener un acercamiento crítico de nuestro sistema de justicia penal en México, desde una perspectiva teórica, pero también práctica, de donde han salido propuestas muy importantes”, afirmó.

En esta edición, abundó, se combinan temas de la tradición clásica, como el sistema acusatorio en México, pero también aproximaciones novedosas como cuestiones de género, migración y criminalidad, desaparición forzada, populismo punitivo, sistema nacional anticorrupción y una reflexión necesaria sobre paz y seguridad.

En la actividad académica -moderada por el profesor emérito de la Facultad de Derecho e investigador del IIJ, Sergio García Ramírez, quien junto con Olga Islas de González Mariscal, también de este instituto, organizaron esta Jornada- el rector de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino, agradeció la coparticipación en un evento relevante y de actualidad.

Durante la Mesa 1, dedicada al Sistema Acusatorio, Miguel Ontiveros Alonso, egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, profesor de la Escuela Libre de Derecho y de la Universidad Autónoma de Chiapas, se pronunció a favor de implementar el criterio de oportunidad, siempre que este sea eficaz, esencial y aporte información sobre un delito más grave del que se acusa. Colaborar es lo que motiva a una persona a buscar esta figura, que es una alternativa para resolver el delito.

En su participación, Chrístel Rosales Vargas, de la asociación civil México Evalúa, coincidió en la necesidad de explorar alternativas legales como el criterio de oportunidad y documentó que la incidencia delictiva en el país está a la alza y se recupera a niveles de antes de la pandemia.

Con datos oficiales de diversas fuentes como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, documentó que el promedio diario de delitos fue de cinco mil 044 en 2020 y subió a cinco mil 600 para 2021. Los principales incrementos fueron en violación (28.1 por ciento), violencia familiar (15.3 por ciento), trata de personas (12 por ciento), extorsión (10 por ciento) y lesiones (10 por ciento).

En cuanto a las víctimas: 22.1 millones de ellas en 2021, cifra mayor al 21.2 de 2020; 10.8 millones de hogares con al menos una víctima, lo que representa 29 por ciento de estos. En violencia letal se registraron  35 mil 625 homicidios en 2021, 28 por cada 100 mil habitantes. Para el 1 de octubre de 2022 hay 105 mil 868 personas desaparecidas contra 22 mil 266 en 2021.

Rosales Vargas también comentó que hay desconfianza de la ciudadanía en el sistema de justicia, por lo que 32.5 de las personas en 2022 no denunció por considerarlo pérdida de tiempo, mientras que 14.8 por ciento por desconfiar de la autoridad.