La capacidad hacendaria de México es limitada para garantizar derechos a toda la población, y sin reforma fiscal urge revisar compromisos de gasto: pensiones, costo financiero de la deuda y gasto federalizado, afirmó la directora Ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, Alejandra Macías Sánchez.
Al participar en el Seminario Universitario de la Cuestión Social (SUCS), de la UNAM, con el tema Capacidad hacendaria del Estado en México, explicó: en 2023 se planea tener ingresos por 7.1 billones de pesos; es decir, un aumento de 10 por ciento en comparación con lo que se aprobó en 2022. “Pero sabemos que este año ha habido políticas de eficiencia tributaria que han hecho que los ingresos aumenten. Si hacemos una estimación, el incremento será de 0.8 por ciento real”.
En la sesión presentada por Mario Luis Fuentes, secretario técnico del SUCS y Patrono de la UNAM, la experta alertó que es necesario tener cautela porque “esto se está calculando sobre una perspectiva de crecimiento de tres por ciento y con una inflación de cuatro por ciento”.
Y, en Pemex, ejemplificó, se espera que los ingresos no sean tan altos como en este año, porque el precio del petróleo podría disminuir; eso ya se verá, de acuerdo con la situación global, la guerra entre Rusia y Ucrania, así como los acuerdos en la Organización de Países Exportadores de Petróleo respecto a la oferta del combustible. “Esperamos ingresar 1.7 billones de pesos por el sector energético”.
En el paquete económico se propone gastar 8.3 billones de pesos. Pero “si recordamos la cifra de ingresos, entonces ya tenemos un déficit presupuestal grande”, detalló Macías Sánchez.
En gasto federalizado, es decir, el destinado a estados y municipios, se planea que sea de 2.4 billones. Le siguen las pensiones, el costo de la deuda y la energía. “Esos cuatro rubros son gastos ineludibles, no los podemos dejar de hacer”.
Lo que sigue, continuó, es lo que podríamos llamar espacio fiscal, donde se pueden destinar recursos a salud, educación, seguridad, medio ambiente y todo lo demás que necesitamos. Empero, cuando a los 7.1 billones de ingresos se les restan los gastos ineludibles, queda dos por ciento del producto interno bruto (PIB) para financiar otros aspectos.
El pago de deuda es uno de los aspectos que nos preocupan más, porque tenemos inflación alta y la política monetaria aumenta las tasas de interés, por lo que el costo de la deuda va en incremento; en 2023 se proyecta pagar 30 por ciento más que en 2022. “Ello representa una presión en las finanzas públicas que nos deja poco margen de maniobra para hacer otras cosas, y va a seguir creciendo, porque nos seguimos endeudando”.
Si no hacemos cambios hoy para invertir más en las nuevas generaciones, para que puedan tener oportunidades, ser más productivas y aporten más al sistema fiscal, la sostenibilidad del sistema se pone en riesgo, advirtió la especialista.
Los indicadores macro se recuperan poco a poco. Esperemos que así sea y que el panorama sea más positivo que lo pensado hace dos meses, pero “el espacio fiscal sigue sufriendo”. Dos por ciento del PIB como margen de maniobra equivalen a 627 mil millones de pesos, menor en 1.5 por ciento real respecto a 2022. Hay menos recursos para, incluso, innovar en políticas públicas.
Se espera que los ingresos presupuestarios crezcan 10 por ciento comparado con lo aprobado, pero los gastos ineludibles van a crecer 11.2 por ciento. Ahí hay una discrepancia: “o dejas de gastar en algunas cosas o te endeudas más”.
De manera urgente requerimos revisar compromisos de gasto. “No porque sean ineludibles quiere decir que no pueden cambiar; si no es así, lo va a pagar la siguiente generación y le estamos dando pocas oportunidades de crecer. Por ejemplo, los jóvenes que están entrando a trabajar deben pagar las pensiones de la generación anterior y ahorrar para la suya y, además, con sueldos bajos”.
Se requiere pensar en una reforma fiscal, que sea todo un paquete donde se revise cómo nos estamos endeudando, cómo gastamos y cómo estamos pagando impuestos, estimó.
Además, el presupuesto debe tener perspectiva de género e intergeneracional. Hay que buscar alternativas para una reforma fiscal en 2024-2025, porque sin ella el riesgo de insostenibilidad crece. Si no hacemos algo, la “bomba” de las pensiones y la deuda seguirán creciendo; si no revisamos esos compromisos de gasto nos podemos meter en muchos problemas más adelante, aseveró.
Al comentar la presentación, José Ignacio Casar Pérez, investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, de la Universidad Nacional, expuso: si no se quiere aumentar los ingresos, tampoco se puede incrementar el gasto. Eso se traduce en un segundo grupo de problemas agregados o de composición: se deteriora la oferta de bienes públicos y la composición de estos se mueve en una dirección que no ayuda a mejorar el bienestar.
Un ejemplo es la educación, donde se ha venido cayendo el gasto real y lo que queda es la nómina “lisa y llana”; se dice que el gran gasto son las becas, eso hace que no quede nada para otros programas relacionados con la calidad educativa. “No sólo hay menos recursos per cápita, sino que esos servicios se van deteriorando porque no hay capacitación, infraestructura, etcétera”.
En salud sucede algo parecido. Los servicios de población abierta no tienen medicamentos, vacunas, se atiende un cuadro de padecimientos menor, etcétera. Hay un cambio en su composición que implica peor distribución y calidad, a lo cual se suma el gasto en inversión, concluyó.
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